El Juzgado de Garantía de Panguipulli rechazó este viernes la solicitud de sobreseimiento del funcionario de Carabineros imputado por el delito de homicidio simple tras haber disparado en varias oportunidades contra Francisco Martínez, joven malabarista abatido en febrero pasado en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos.
El hecho se registró el 5 de febrero de este año, cuando el efectivo policial disparó contra el artista callejero, quien se habría opuesto a un control de identidad y se abalanzó contra el funcionario con unos machetes de utilería, lo que finalmente desencadenó una serie de manifestaciones en el país que terminó, incluso, con la quema de la municipalidad y edificios de Panguipulli.
La Fiscalía de Los Ríos había pedido discutir el cierre de la investigación y el sobreseimiento del carabinero Juan González, misma solicitud que ingresó la defensa del uniformado.
Aquello fue abordado en una audiencia este viernes, en la que el magistrado Felipe Muñoz denegó las peticiones, argumentando que surgieron "dudas respecto del inicio del procedimiento, particularmente en cuanto a la circunstancia que motiva el control de identidad".
"El tribunal rechazó la petición de sobreseimiento definitivo promovida tanto por el Ministerio Público como por la defensa, por la presunta concurrencia del eximente de responsabilidad penal de legítima defensa por parte del imputado, prospecto del Ministerio Público, esta fue denegada por aspectos procesales que dicen relación con la improcedencia de la solicitud fiscal en tanto se encuentre vigente el plazo para que los querellantes soliciten la reapertura de la investigación", explicó el juez.
Agregando que "la petición de la defensa fue rechazada por advertirse diferencias en las declaraciones de los funcionarios policiales que intervinieron en el procedimiento, que en definitiva generaron dudas acerca de la concurrencia del requisito de falta de provocación que exige la justificante de legitima defensa, relativa principalmente a las circunstancias en que habría sido encontrada la persona fallecida, portando machetes, existiendo al menos un testimonio que orienta a que este fue sorprendido haciendo uso de aquellos elementos de forma licita y justificada".
A su vez, acogió la solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es parte querellante en la causa, para debatir que se ordene la reapertura de la investigación, cuyo cierre no se ha decretado oficialmente. De todos modos, el juez fijó audiencia para el próximo 7 de enero.
En su petición, que consta en el expediente del caso, el INDH apuntó que hay diligencias pendientes que el Ministerio Público no ha realizado, "razón por la cual no existe mérito suficiente para cerrar la investigación y/o aplicar el sobreseimiento de la causa (...) considerando además que nos encontramos frente a un caso cuyos hechos son eventualmente constitutivos de violencia institucional".
El carabinero actualmente se encuentra bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal.
