Punta Arenas: Universitario acusado de incendiar AFP quedó en prisión preventiva

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Autor: Cooperativa.cl

Marcelo Mandujano, de 24 años, es estudiante de último año de Ingeniería Civil en la Universidad de Magallanes.

Reconoció su responsabilidad, que atribuyó a "la adrenalina del momento", y dijo sentirse arrepentido, se informó en la audiencia de formalización.

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Punta Arenas: Universitario acusado de incendiar AFP quedó en prisión preventiva
 PDI

Los daños causados, supuestamente, por Mandujano, están avaluados en 425 millones de pesos.

Llévatelo:

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas ordenó la prisión preventiva de Marcelo Mandujano, estudiante universitario que fue detenido en las últimas horas por su presunta participación en el incendio intencional que afectó a una sucursal de la AFP Hábitat en esa ciudad, hecho ocurrido el pasado 12 de noviembre en el marco de las protestas sociales.

Según informó El Magallánico, Mandujano fue formalizado por incendio y desórdenes públicos: la Fiscalía señaló que el imputado, en compañía de otras tres personas, forzó los ingresos a las oficinas de la AFP, luego ingresó, sacó objetos y los arrojó a una barricada levantada en la intersección de Calle Magallanes y la Avenida Colón.

El Pingüino señaló que, de acuerdo al Ministerio Público, Mandujano "daba órdenes al grupo de manifestantes para realizar dichos actos de vandalismo".

De acuerdo a la investigación, el propio universitario tomó, posteriormente, una plancha con fuego que arrastró al interior del edificio. Esto fue lo que provocó el incendio, que, junto con destruir la sede de la aseguradora, generó riesgo de expandirse a otros inmuebles. Los daños están avaluados en 425 millones de pesos.

"La adrenalina del momento"

El fiscal Felipe Aguirre hizo presente que, luego de ser detenido por la PDI, Mandujano admitió su participación en los hechos, que atribuyó a "la adrenalina del momento", y dijo "sentirse arrepentido".

Pese a que el joven no tenía antecedentes penales, la Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que su libertad representaría un peligro para la seguridad de la sociedad.

El argumento fue acogido por el juez Franco Reyes, que determinó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

 

 

 

 

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