Más de cuatro horas se extendieron los alegatos por el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado tras el fallo absolutorio en el denominado "caso fraude" en Chillán Viejo.
El Ministerio Público pidió que se realice un juicio nuevo, apuntando a vicios jurídicos y errores de aplicación de derecho respecto al Código Procesal Penal, entre los cuales se encontraría la ausencia presencial del alcalde Felipe Aylwin, el principal acusado en este caso, durante un tercio del juicio y la autorización del tribunal para que mantuviese una comunicación online desde un recinto hospitalario en Santiago, luego que fuese intervenido por un trasplante de riñón.
Francisco Soto, asesor jurídico de la Fiscalía Regional de Ñuble, señaló que "no es posible seguir un juicio sin la presencia de un acusado, porque hay normas básicas del derecho procesal penal que en este caso fueron vulneradas por la defensa y el tribunal. En este caso, Aylwin se ausentó por más de 10 días, por lo que conforme a la norma expresa, el juicio debió haberse anulado".
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado pidió la nulidad para cuatro acusados -el alcalde Felipe Aylwin, la funcionaria Lya González, el ex administrador Ulises Aedo y el ex director de Desarrollo Comunitario Jorge León- argumentando que la sentencia penal fue poco fundamentada y presentaría contradicciones, como la condena sólo para dos imputados por hechos donde hubo más participantes.
Por su parte, la defensora penal pública Rocío Burgess pidió un reemplazo absolutorio de las sentencias para sus representados Susana Fonseca e Ignacio Moreno, los únicos condenados por falsificación de instrumento público, argumentando que ellos incurrieron en la firma de actas de entrega de ayuda solidaria que no constituyen la categoría por la cual se tipifica el delito.
Ataque a la sentencia
El abogado Julio Díaz de Arcaya, defensor del alcalde Felipe Aylwin, señaló que "no hay norma que determine que un juicio oral sea anulable por la ausencia del imputado. Hay normas genéricas que autorizan cuando existe violación de disposiciones de carácter constitucional o consagradas en tratados internacionales que buscan proteger los derechos de imputados, pero este no es el caso".
Sergio Zúñiga, defensor de la ex jefa de control Gabriela Garrido, indicó que "lo que busca este recurso de nulidad es atacar la sentencia que excede las 690 páginas, es decir, se trató de un trabajo acucioso por parte de la magistrada Claudia Montero. Es insostenible argumentar que no hubo fundamentación".
La redacción del fallo quedó en manos del actual presidente de la Corte de Apelaciones, ministro Claudio Arias, fijando fecha de lectura para el 29 de octubre.
