El Tribunal de Garantía de Chillán fijó para el 14 de marzo la audiencia de preparación de juicio oral por el "caso fraude" de Chillán Viejo, luego de que el Ministerio Público presentara acusaciones contra los imputados por el supuesto desfalco al interior del municipio de la ciudad histórica. Las partes fueron notificadas este martes.
El organismo persecutor, representado por el fiscal Álvaro Serrano, solicitó la mayor condena para Ulises Aedo, ex administrador municipal de Chillán Viejo, con 25 años de presidio efectivo, la imposibilidad de ejercer cargos públicos por 22 años y una multa de 762 Unidades Tributarias Mensuales (casi 37 millones de pesos), por delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.
Por los mismos delitos se ha solicitado 20 años de cárcel y una multa de 742 UTM (casi 36 millones de pesos) para el ex director de desarrollo comunitario Andrés León, y los funcionarios María Gabriela Garrido, Francisco Fuenzalida y Paola Araya; 10 años para Ignacio Moreno y 5 años para Susana Fonseca, con multas de 10 UTM (483 mil pesos) en ambos casos.
En tanto, Lya González enfrenta una petición de 3 años de presidio efectivo por el delito de fraude de subvenciones y el pago de 15 UTM (725 mil pesos), porque supuestamente percibió remuneraciones como funcionaria externa por tareas que no habrían sido realizadas, lo que es rebatido por su defensa, apuntando a que existen pruebas de su trabajo en la carpeta investigativa.
La única imputada no municipal, Silvana Ríos, propietaria de una empresa de buses, arriesga 5 años de cárcel tras ser acusada por fraude de subvenciones y falsificación de instrumento público. Se trata de la única imputada sin arraigo nacional y su defensa adelantó que presentarán una solicitud de sobreseimiento en los próximos días.
Acusación contra el alcalde
El Ministerio Público solicitó para el alcalde Felipe Aylwin una pena de 5 años de presidio efectivo y una multa de 20 UTM (966 mil pesos) tras ser acusado de fraude al Fisco por la contratación de una supuesta funcionaria fantasma (Lya González).
Asimismo, también se solicitó para el jefe municipal la inhabilitación de ejercer cargos públicos por 5 años y un día, y que deje el cargo de alcalde, a través de un oficio con copia al Concejo Municipal y la Contraloría.
Al respecto, su abogado Julio Díaz de Arcaya, reiteró que "la suspensión de los derechos ciudadanos es una solicitud inconstitucional, porque trasgrede el principio de inocencia, que es superior y está consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política".
Importante es señalar que las defensas de Felipe Aylwin, Lya González y Ulises Aedo presentaron al tribunal solicitudes de sobreseimiento definitivo, siendo acogida su discusión en una audiencia fijada para el 11 de marzo.
