Formalizan a mayor de Carabineros por lesiones graves contra joven en Alto Hospicio

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Autor: Cooperativa.cl

El hecho ocurrió en octubre pasado, en medio de las protestas por el denominado estallido social.

Víctima fue impactada con un perdigón en uno de sus ojos.

Formalizan a mayor de Carabineros por lesiones graves contra joven en Alto Hospicio
 ATON (Referencial)

Es el primer uniformado en ser formalizado por las lesiones ocasionadas contra un civil en este contexto.

Llévatelo:

Por el delito de lesiones graves fue formalizado este miércoles el mayor de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio de iniciales L.M.R, tras ser acusado de provocar un trauma ocular a un joven de 24 años luego de disparar su escopeta antidisturbios en el marco de una manifestación durante el estallido social en octubre del año pasado. 

En la audiencia de formalización, la fiscal Virginia Aravena explicó que los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2019, cuando la víctima concurrió a la Plaza Belén de Alto Hospicio para participar en una protesta.

A eso de las 23:00 horas, cuando la víctima regresaba a su domicilio se unió a un grupo de manifestantes que caminaba por Avenida Los Cóndores de la comuna.

Al llegar al Pasaje Rosario, en compañía de un grupo reducido de personas, comenzó a lanzar piedras. En eso, llegaron al lugar tres carabineros en moto, entre ellos el imputado, quien era el único que portaba una escopeta antidisturbio, y disparó en dirección al grupo de manifestantes, dispersándose la mayoría y quedando solo la víctima, quien estaba lanzando piedras.

Tras eso, el imputado "avanzó y se parapetó detrás de un muro ubicado al lado de una multicancha a 24,5 metros de distancia del afectado, y sin que la situación revistiera la gravedad que ameritara la reacción del imputado, este procede a disparar en varias ocasiones directamente al cuerpo de la víctima, quien se encontraba solo en el lugar, lesionándolo en su ojo derecho", señaló la persecutora. 

Posteriormente el afectado fue llevado por personal de la PDI hasta el Hospital Regional de Iquique y luego derivado a Santiago donde fue operado, resultando con lesiones graves, sin que hasta la fecha -según la Fiscalía- se pueda determinar con certeza las secuelas definitivas que pueda tener en su visión.

La fiscal Aravena solicitó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, que fueron acogidas por el Juzgado de Garantía, pese a la oposición de la defensa del acusado.

Recalificación del delito 

El abogado querellante representante del diputado Hugo Gutiérrez, Matías Ramírez, indicó a Cooperativa Regiones que no quedó conforme ni con las medidas cautelares otorgadas por el tribunal, ni con la calificación jurídica que realizó el Ministerio Público. 

"La Fiscalía formalizó por el delito de lesiones graves y no por el delito de apremios ilegítimos, que a nuestro entender, es lo que corresponde en esta situación. Acá se le aplicó un delito común a un funcionario público que estaba haciendo uso de armamento institucional, y en ese sentido creemos que es errónea la calificación que ha hecho el Ministerio Público, lo que conlleva a que la penalidad sea baja, y que se le apliquen medidas cautelares de menor intensidad como arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima", sostuvo el abogado.

Según el querellante, los argumentos para recalificar el delito se basan en dos aspectos: "En primer lugar, el mismo instructivo interno que redacta Carabineros de Chile indica que el uso de la escopeta antidisturbios es en situaciones extremadamente graves, cuando está en riesgo la vida del personal policial o de otras personas. Al momento de que el mayor hace uso de su escopeta, no estaba en riesgo su integridad, ni de ninguna otra persona", manifestó. 

"Y los mismos instructivos indican que estas escopetas deben ser apuntadas en las piernas de los infractores, eventualmente, y en este caso las imágenes dan cuenta que él disparó de forma directa o, en este caso, a la cabeza, donde se han provocado las lesiones", insistió Ramírez. 

Finalmente el tribunal otorgó 80 días para la investigación del caso.

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