Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves a la encargada de un albergue para migrantes de la comuna fronteriza de Colchane, por presuntamente facilitar el ingreso a Chile a venezolanos y bolivianos indocumentados.
Junto a la mujer fue detenido un guardia que agredió a un detective, informó el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos.
En un principio se había informado de la detención de tres personas: la encargada, el guardia y otro funcionario, lo que rectificado por el Ministerio Público.
"En horas de la tarde, personal de Policía Internacional procedió a detener en el Complejo Fronterizo de Colchane a dos personas: una de ellas un guardia de seguridad que agredió a un funcionario de la PDI, causándole lesiones leves, como asimismo una segunda persona, una mujer, que ejercía funciones públicas de control migratorio en el referido complejo", señaló el fiscal Ríos a través de un video.
La encargada del albergue "actuaba con chaquetillas o con logos institucionales, permitiendo, facilitando, la entrada al país de migrantes venezolanos y bolivianos, alrededor de unos tres o cuatro, permitiendo su ingreso al país por un sector no habilitado, siendo detenida en el lugar", indicó el persecutor.
"Ambas personas pasarán a control de detención el día de mañana en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte", agregó.
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL ANUNCIA SUMARIO Y ENVÍO DE ANTECEDENTES AL CDE
Desde el Gobierno, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, señaló que "la situación que se les imputan a estos dos trabajadores se da en un contexto en que ingresan (a Chile) tres personas, una de ellas una mujer oxígeno dependiente que es indicada para ingresar y controlada por Carabineros, todas situaciones que vamos a estar evaluando. Estamos recogiendo ya los antecedentes para ponerlos a disposición del Ministerio Público".
"Vamos a iniciar, además, una investigación sumaria por estos hechos, que nos parecen de extrema gravedad, y, por lo mismo, también hemos decidido desde la Delegación Presidencial poner estos antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que pueda evaluar cuáles son las acciones que considere pertinentes. Eventualmente, podría terminar también en una querella criminal", agregó la autoridad gubernamental.
Por su parte, el diputado UDI Renzo Trisotti manifestó que "es urgente que (desde el Gobierno) aclaren a la brevedad la ocurrencia de estos hechos y la supuesta vinculación de una funcionaria de Gobierno que habría ayudado al ingreso clandestino de migrantes procedentes de Bolivia".
"Esta situación es gravísima e independiente de acreditarse estos hechos respecto de la acción que realizará el Ministerio Público para poder perseguir este delito, se requiere de una aclaración y, sobre todo, una acción concreta de parte del Gobierno. De lo contrario, se sumarán a las comisiones de falta de control en la zona fronteriza, a la falta de expulsiones administrativas y se acreditaría lamentablemente una complicidad con la migración clandestina", advirtió el parlamentario.
Colchane, con casi 1.600 habitantes y ubicado a 3.700 metros de altura en pleno altiplano en la Región de Tarapacá, ha estado desbordada en múltiples ocasiones por las oleadas migratorias, en su mayoría compuesta por ciudadanos venezolanos cuyo éxodo, de casi 6 millones, se compara con otros como la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo occidental.
Partido de la Gente reacciona: "Condenamos completamente cualquier acto que afecte la dignidad de las personas"
Conocido el hecho, el Partido de la Gente emitió un comunicado, en el que declara que "luego de que se revelara la detención de la excandidata a diputada por el PDG Denisse Gallegos Castro, por el delito de tráfico de migrantes en Colchane, Región de Tarapacá, la directiva de la colectividad se refirió al hecho, afirmando que 'siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad del país y confiamos en los órganos de justicia respecto a esta situación'".
Según el texto, la colectividad "desconoce la situación que involucra a la excandidata Gallegos", pero condenan "completamente cualquier acto que afecte la dignidad de las personas, incluyendo el tráfico de inmigrantes, lo cual lesiona los derechos fundamentales y va en contra de la normativa y los preceptos de nuestra colectividad".
Por ello, concluye la nota, los tribunales regional y supremo del partido indagarán los hechos y aplicarán sanciones si corresponden, "incluyendo la expulsión de la colectividad si se determina la culpabilidad del caso en cuestión".
