En medio de la denuncia que hizo la ministra de Salud, María Begoña Yarza, sobre presuntas torturas cometidas al interior del hospital psiquiátrico El Salvador de Valparaíso, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) visitó la semana pasada este centro asistencial para realizar un analisis: no se constató que existieran torturas, aunque sí se evidenciaron vulneraciones a los derechos humanos e indicios de malos tratos.
Con esta visita, que según indican desde el CPT se "postergó un poco" por esta misma polémica con la jefa de la cartera de Salud, se buscaba conocer factores de riesgos asociados a la prevención de la tortura y explorar las condiciones materiales y laborales de este psiquiátrico, reveló La Tercera PM este lunes.
En su análisis, el comité revisor reveló que El Salvador cuenta con un "alto nivel de compromiso del personal del hospital para brindar un buen servicio, con los recursos limitados que tienen disponibles", destacó Francisco Maffioletti, presidente del CPT, quien también valoró la presencia de un buen sistema de registro y de evaluación de las contenciones farmacológicas y físicas a los pacientes.
Sin embargo, el medio antes citado indicó que también se informaron de falencias "importantes", entre las que se destacan problemas en la infraestructura del edificio, sobrecarga de trabajo, gran cantidad de licencias médicas, falta de medidas de autocuidado para funcionarios y pocas actividades y programas de rehabilitación en las unidades de corta estadía.
CPT OBSERVÓ "ALGUNAS VULNERACIONES DE DDHH", AUNQUE NO INDICIOS DE TORTURAS
El comité también informó que en su visita observó "algunas vulneraciones de derechos humanos", destacando el régimen de aislamiento prolongado que se realiza en el hospital, debido a la pandemia y la falta de personal para permitir visitas; además de una segmentación inadecuada en menores de edad, entre 15 y 17 años.
"Comparten habitaciones con la población adulta, así como la no segmentación por sexo en algunas áreas del recinto y donde hombres y mujeres comparten también las dependencias", alertó Maffioletti. Mientras que un tercer punto abordado fue la realización de la terapia electroconvulsiva (TEC) sin la aplicación de anestesia y sin un relajante muscular, una práctica que se realizó hasta marzo pasado y que incluyó a menores de edad.
En tanto, el presidente del CPT explicó que "no pudimos observar lo que se exige a nivel nacional e internacional para poder llegar a calificar con claridad una conducta de tortura", dado que -puntualizó- no observaron la intencionalidad de producir daño al otro.
Pese a esto, advirtió a La Tercera que los profesionales "tenían claro que esta TEC tiene efectos adversos en las condiciones cuando no son bajo anestesia general y, a pesar de eso, terminan aplicando esta TEC sin que cumpla con las condiciones y sabiendo y conociendo que tiene efectos nocivos tanto a nivel psicológico como físico".
"Cuando tú haces un procedimiento que es por el bien del otro, y lo haces a pesar de que sabes que no son las condiciones idóneas, y que le puede traer estas consecuencias, nosotros pensamos que podría llegar a constituir algunas conductas de malos tratos respecto de estos usuarios", señaló Maffioletti.
Finalmente, en cuanto a la denuncia que presentó la ministra Yarza, el líder de este comité indicó al medio antes citado que "lo único que se está haciendo es poner en conocimiento de la autoridad pertinente los antecedentes que constan. Uno no podría pensar que hay daño en eso. Es preventivo y tiene como foco las personas".
