Quintero y Puchuncaví: Casi cinco años después, "se ha avanzado de manera débil, casi nula", dice el INDH

Han transcurrido más de cuatro años desde que ocurrieron varios episodios de grave contaminación en la zona de Quintero y Puchuncaví, en la costa de la Región de Valparaíso, pero hasta ahora se desconocen las sustancias que afectaron a más de 1.000 personas y tampoco se ha instalado un sistema de medición general que alerte de nuevos episodios.

Estas son algunas conclusiones preliminares de la Misión de Observación que efectuó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la visita que realizó a la zona entre el 23 y al 27 de enero, a fin de verificar el avance de las recomendaciones que realizó en un informe de 2018.

El mismo año, el INDH junto a otros 11 recurrentes presentó un recurso de protección, que en un fallo histórico de 2019 fue acogido por la Corte Suprema, que dispuso que la autoridad sectorial debía efectuar a la brevedad los estudios para establecer el método más idóneo y adecuado para identificar los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la bahía.

Una vez evacuado este estudio, la autoridad debía evaluar, en breve plazo, la procedencia de instalar filtros o dispositivos que permitan identificar y medir los compuestos o elementos directamente en la fuente. Sin embargo, esto no se ha cumplido.

DIRECTORA DEL INDH: "NO HAY UN SISTEMA DE MEDICIÓN GLOBAL"

La directora nacional del INDH, Consuelo Contreras, al cierre de la misión, concluyó que "en materia de medición de niveles de contaminación se ha avanzado de manera débil. Casi nula. No existe".

Apuntó que "si bien las empresas tienen sistemas de medición particulares, no hay un sistema de medición global que nos permita decir cuánto es la sumatoria que está afectando a la población. Por lo tanto, ahí el avance ha sido muy débil".

"La población de Quintero - Puchuncaví tiene el mismo derecho que Santiago de saber cuáles son los días de mayor contaminación", agregó. 

Además, entre los hallazgos del equipo, integrado por Valdés, las unidades de Estudios y de Protección de Derechos del INDH y también la sede de Valparaíso de la entidad, está que todavía se desconocen los contaminantes que desataron la crisis ocurrida de 2018. Ese año los episodios del 21 y el 23 de agosto y del 4 de septiembre significaron la atención hospitalaria de 1.329 personas. El informe de 2018 recomendaba transparencia y eficiencia en la medición de contaminantes del aire, el suelo y el agua.

Ahora se halló que las mediciones que se están realizando no abarcan todos los elementos y materiales que regula la ley. Muchas otras sustancias aún requieren regulación de uso.

Si bien hay mejoras en las instalaciones de los procesos de las empresas y monitoreo por la Superintendencia de Medio Ambiente, los protocolos de emergencia no responden a todas las situaciones. "Más grave aún", dicen las conclusiones preliminares, "se desconoce cuál o cuáles son los contaminantes o compuestos que desencadenaron la crisis".

Sobre derecho a la salud, la misión detectó que la región carece de un estudio exhaustivo y longitudinal de acompañamiento de pacientes con contaminación confirmada o de personas cuyas enfermedades pueden, eventualmente, relacionarse con episodios de contaminación. Es más, en las recomendaciones de 2018 sobre el derecho a la información y participación, las medidas de actualización de causas, consecuencias e iniciativas de prevención, mitigación y reparación son "insuficientes, puntuales e incompletas", lo que ha redundado en que una parte de la comunidad se mantenga "en un estado permanente de incertidumbre" y con "desconfianza de las autoridades y empresas".

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Sobre el derecho a la educación, se vio que luego de 2018 se han registrado "graves episodios" de contaminación que han afectado a niños, niñas y adolescentes. Esto, pese a que los recintos educacionales han hecho reformas estructurales para garantizar la protección ante eventuales emergencias, lo que incluye mejorar las salas, la ventilación y la calefacción, entre otros.

"Todavía no se puede mejorar la pérdida de clases de los niños cuando hay episodios de contaminación, en que deben cerrar las escuelas y nosotros sabemos que esas clases que se pierden no se recuperan", dijo la directora del INDH.

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

El informe con recomendaciones de 2018 también planteó la necesidad de una institucionalidad ambiental con perspectiva de DD.HH. y a más de cuatro años ésta aún es "deficiente para atender a las necesidades específicas" de la zona.

No se ha actualizado ni la legislación ni el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso. Más aún, entre las conclusiones de la misión se encuentra que el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) que se elaboró en 2018 supuestamente indica avances en 98% de sus medidas. "Pero a través de esta misión no vimos cambios sustantivos. O la medición de la evaluación está equivocada o el diagnóstico en que se basaron para hacer este plan no fue el adecuado", añadió Contreras.

La Misión de Observación recordó que el informe de 2018 planteó que las industrias de la bahía necesitaban incluir en sus políticas de gestión de riesgos los principios rectores sobre empresas y DD.HH. de la ONU, pero "ni las directrices de la OCDE ni los Principios de Empresas y DD.HH. de la ONU son conocidos por las empresas del sector y menos se han tomado medidas en relación a ello", dijo la directora.

"Chile es un país de la OCDE. Por lo tanto, tiene que estar a la altura de los grupos con que se relaciona", añadió.

La directora sí destacó la labor de Carabineros, por cuanto "les señalamos que deberían respetar los protocolos de uso de la fuerza y su tarea en el derecho a manifestación pacífica. Lo hicieron, efectivamente. Carabineros ha cumplido los compromisos y recomendaciones del INDH" añadió.