El diputado por el Biobío Sergio Bobadilla (UDI) reveló este miércoles cinco nuevas denuncias contra personal de un recinto del Sename, esta vez de la Residencia Castellón, ubicada en el centro de Concepción.
El parlamentario dio a conocer las acusaciones en la segunda sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que revisa los presuntos delitos de violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil cometidos al interior del recinto Nido de Hualpén.
"El funcionario Cristian Carrasco envió un correo donde acusa a don Mauricio Hernández de haber facilitado dinero a niños y dejarlos salir para comprar droga. Además, se descubrió que el señor Hernández le deposita dinero a un menor", relató.
El trabajador acusado en este caso fue ascendido y respaldado por la dirección regional del Sename, pese a que según el parlamentario no cumplía con los requisitos.
Asimismo, "se perdió un computador fiscal nuevo, y tampoco se hizo la denuncia o sumario administrativo, y en la misma casa se robaron alrededor de 800 pastillas psicotrópicas".
El personal tampoco habría alertado a tiempo presuntas conductas sexualizadas entre menores, y dejó solo a un niño con medida de protección por explotación sexual, quien debía estar acompañado las 24 horas por orden judicial.
"En la Región del Biobío hay un descontrol total y absoluto", sentenció el diputado.
Larraín viaja a la zona
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció que viajará al Biobío este jueves, y se quedará en la región por dos días para "tomar conocimiento directo de esta situación".
"En razón de estos hechos es que, tanto el Sename como este Ministerio, hemos pensado que no era conveniente que hoy día participaran la directora regional del Sename o el seremi de Justicia, sin perjuicio de poder conversar con ellos en su momento", detalló.
Larraín se reunirá con el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, a las 20:00 horas, y mañana viernes entregará definiciones ante las nuevas denuncias.
José Andrés Murillo, de la Fundación para la Confianza, comentó que "las evaluaciones que se realizan en el sistema de los niños bajo protección del Estado carece absolutamente del enfoque necesario para saber que las cosas se están haciendo bien o mal, no hay un enfoque de derechos, no hay un enfoque que busca saber si los derechos de los niños están siendo respetados".
"En realidad las evaluaciones apuntan más bien a la administración de recursos, a la gestión de las residencias y no a saber si los niños, niñas y adolescentes están efectivamente siendo protegidos y restaurados en sus derechos", dijo.
