La empresa de energía eléctrica Enel informó que el sábado pasado un grupo
de personas invadió y causó destrozos en las instalaciones de la central hidroeléctrica de Pangue, ubicada a 87 kilómetros la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío.
Según explicaron en un comunicado, esta acción obligó al personal de seguridad y servicios abandonar sus puestos de trabajo, mientras que "la continuidad operacional de las unidades de generación eléctrica e, incluso, la integridad de la obra hidráulica, así como la seguridad de nuestro personal y contratistas, han quedado seriamente comprometidas".
"Acciones de fuerza como estas ponen en peligro la generación de la Central Pangue (467 megavatios) y del resto de las centrales que pertenecen a la cuenca del Biobío, las cuales suman 1496 MW, con el consecuente riesgo del abastecimiento eléctrico, más aún en la actual situación de estrechez energética", puntualizó el escrito.
En esta línea, Enel advirtió que estos hechos de violencia comprometen "la operación de las obras hidráulicas de la presa Pangue, con impacto sobre el abastecimiento de agua para riego y otras actividades que dependen de este vital recurso, y lo que es de mayor gravedad, con potenciales serias consecuencias en la población e infraestructura de la cuenca aguas abajo de la presa".
MÚLTIPLES DENUNCIAS
La distribuidora de electricidad informó que este ataque fue perpetrado por un grupo de personas que ha mantenido bloqueado el acceso a la Central Pangue desde el 24 de enero, los que son liderados -aseguran- por la presidenta de la comunidad Aukin Wallmapu, Maria Curriao.
"La señora Curriao se encuentra en medio de procesos judiciales y demandada por las mismas familias de su comunidad, por no haber transparentado el destino de fondos equivalentes a 300 millones de pesos recibidos en favor de familias pehuenches, en el contexto de un convenio suscrito por Enel y estas familias en 2017", acusaron desde la empresa, que indicó también que gran parte de esa comunidad "solicitó su inhabilitación como presidenta y crearon una nueva organización".
Desde el sector opuesto en este conflicto, los manifestantes han acusado acuerdos incumplidos por parte de la empresa con la comunidad, además de falta de respuestas por parte de sus autoridades.
Debido a esta situación, Enel ha presentado reiteradas denuncias ante el Ministerio Público, en las que solicitan medidas de protección en resguardo de sus trabajadores e instalaciones. Pese a que desde la Fiscalía resolvieron dar protección a la empresa, aseguran que no han recibido en la práctica el auxilio requerido.
En paralelo, el holding eléctrico informó de esta problemática a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, solicitando que, en virtud de las potestades que la ley asigna a la institución, pueda "disponer las actividades necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Pangue, necesaria para la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional".
