El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, salió al paso del último antecedente en el marco del caso Convenios en esa zona, relacionado con contrataciones cruzadas entre fundaciones que tienen vínculos con un directivo de su repartición, las que se adjudicaron 380 millones de pesos de manera directa cada una.
De acuerdo a un reportaje de Canal 13, Impulsa Biobío y Fundef se prestan servicios mutuamente, pero además pagaban el sueldo al menos a tres funcionarios que cumplían labores al interior del mismo GORE, lo que según la autoridad "corresponde a antecedentes que entregamos al Ministerio Público del Biobío hace varias semanas".
"En particular, se refiere a personas que, con motivo de los incendios que tuvimos este verano, nos prestaron colaboración para implementar un programa de voluntariado. Esas personas trabajaron siendo parte de esa fundación, sin tener subordinación y dependencia con nosotros", explicó.
Sin embargo, "terminaron su labor el 30 de junio y las contratamos directamente como Gobierno Regional, por lo tanto, se salieron de esa entidad a partir del 1 de julio".
A raíz de cuestionamientos como este, que se suman a la compra de lencería en la ejecución de un programa de seguridad y la red ONG Cultivarte de Coronel, entre otros, el Consejo Regional aprobó este miércoles que se realice una auditoría externa, que revisará todos los gastos del GORE desde el 11 de julio del 2021 a la fecha.
"La medida se enmarca en la propuesta vertida en la última Comisión de Ética y Fiscalización, a cargo del administrador regional, Rodrigo Martínez, quien dio cuenta de una serie de acciones destinadas a mejorar el estándar de proyectos" de esta repartición, publicó su cuenta de Twitter.
