Después de que la Comisión de Pesca rechazara la prórroga de la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia, la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda, afirmó que el proyecto ignora la realidad de las regiones, y que en medio de su discusión "han primado la violencia y las amenazas".
Asimismo, la dirigenta señaló a El Diario de Cooperativa que la iniciativa pasa por sobre las atribuciones de la Subsecretaría de Pesca, por lo que incluso el mismo Gobierno la declaró como inconstitucional en algún momento.
"También hemos dicho que se ha ignorado la realidad regional, se han ignorado los argumentos científicos y técnicos, y finalmente, aquí ha primado la violencia, las amenazas, en que un grupo minoritario de pescadores artesanales amenazaron con quemar Chile si es que era aprobado", afirmó.
En ese sentido, criticó que un proyecto acuñado en la Región de Coquimbo, cuyo sector pesquero es totalmente artesanal, pretenda regular la actividad en el resto del país ignorando que, por ejemplo, en el Biobío los sectores industrial y artesanal pueden coexistir.
"Cuando vemos que se aprueba un proyecto que nace en una región que no considera todas las realidades de nuestro país pesquero y desconoce los aspectos técnicos y científicos, por supuesto que creemos que es una mala ley", sentenció la líder de Asipes.
La "opción" de reconvertir la labor industrial
Por lo demás, aseguró que hay "cero posibilidad" de reconvertir su labor para adaptarse a la nueva regulación, que podría ser publicada el 16 de agosto, porque pedir que cambien sus técnicas implica "desconocer cómo se realiza la captura industrial y artesanal".
"Es como que te pidan reconvertir un auto a una moto de cuatro ruedas, la verdad es que es inviable. Lo que necesitas es comprarte una moto de cuatro ruedas, y efectivamente, comprarte el vehículo que es necesario para una cierta condición", máquina que, en el caso de línea de mano a nivel industrial, sería un barco factoría, que la legislación chilena no permite.
Cepeda advirtió que lo que ha ocurrido con la captura de este molusco "es lo mismo que podría ocurrir con una actividad forestal o minera, en que el Parlamento decida de qué manera se realiza la actividad económica".
"Aquí se está restringiendo la libertad de realizar una actividad económica de acuerdo a las condiciones que pueda hacerlo una empresa en particular", concluyó.
