Mientras las isapres mantienen su participación suspendida en la mesa de trabajo con el Gobierno para solucionar la crisis del sistema privado, han surgido propuestas desde otros sectores para hacer frente a la problemática a corto y a largo plazo.
El lunes pasado hubo una reunión entre el Colegio Médico con cinco exministros de Salud en la que se preparó un documento, con mínimos exigibles, que se presentará al Congreso para trabajar en reformas al sistema de salud.
Entre ello, se habló de un modelo con pilar fundamental en la seguridad social y del fortalecimiento y modernización de Fonasa.
El exministro de Salud Osvaldo Artaza enfatizó que "aquí hay responsabilidades, primero, de las isapres y, segundo, de los actores políticos que hemos llevado años peleando y no colocando a las personas primero. Todos tenemos que contribuir a que se genere un buen clima en el Parlamento".
El también exministro Jaime Mañalich se refirió en Cooperativa a la posibiidad de "pensar, a través de una ley corta, como adecuar Fonasa para recibir a los pacientes beneficiarios de isapre que definitivamente no van a ser recibidos en otra aseguradora, porque no veo posible o probable que se produzca una caída simultánea de todo el sistema de isapres".
"Lo probable es que algunas aseguradoras se vean en problemas y caigan, y que esos beneficiarios que están en una situación difícil sean recibidos por Fonasa", añadió.
PROPUESTA DEL GRUPO E
En esa línea apunta una iniciativa propuesta por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el radical Tomás Lagomarsino, "que tiene como objetivo generar un régimen especial o un grupo E de Fonasa que pueda recibir a los afiliados de una isapre que quiebre, de tal forma de no generar un impacto negativo en el sistema público de salud".
Lo anterior, "sin terminar o caducar los contratos, por tanto terminar con las obligaciones contractuales y judiciales emanadas por esa relación de la isapre que quebró y sus afiliados beneficiarios", explicó el diputado.
Además de ello, hay otras dos propuestas de reformas constitucionales en la mesa. Por un lado, el derecho a la protección de salud y la libre movilidad de los usuarios para elegir el sistema que prefieran, y por otro la creación de una fórmula para que las isapres apliquen el fallo de la Corte Suprema, que de todas formas debe tratar la Superintendencia de Salud.
