El superintendente de Salud, el médico Manuel Inostroza, resaltó que el funcionamiento del organismo que dirige trae cambios al sistema que favorecerán a los afiliados a Fonasa e instituciones de salud presidencial (isapre), en el contexto de la Ley de Autoridad Sanitaria vigente desde el 1 de enero de 2005.
La existencia de esta entidad viene a reemplazar a la Superintendencia de Isapre desde que entró en vigencia la normativa. Por ello, Inostroza enfatizó que los usuarios tendrán a disposición, por primera vez, una entidad de segunda instancia que va a intervenir a favor de sus derechos y beneficios.
Asimismo, destacó que entre las materias que se han comenzado a fiscalizar y controlar, están los cálculos de bonificación y copago por las atenciones médicas recibidas, además del otorgamiento de préstamos de salud para los beneficiarios.
En la ocasión, el superintendente destacó que a partir del 1 de julio del presente año, los afiliados al sistema de salud contarán con una entidad que se encargará de supervisar y controlar el cumplimiento de las garantías del Plan AUGE.
Fondo de compensación para eliminar discriminación en isapre
Asimismo, Inostroza destacó la importancia del fondo de compensación inter-isapres, aprobado el miércoles 19 de enero en el Congreso, en el contexto de la Ley de Isapre.
El mecanismo implica que a cada afiliado a una isapre se le recorte una parte de su cotización de salud, dinero que irá a un pozo común.
A su juicio, el mecanismo permitirá eliminar la discriminación por riesgo de los afiliados, hecho recurrente entre estas entidades ante las personas de la tercera edad o las mujeres en edad fértil.
"La isapre va a tener menos incentivos para echar a las personas riesgosas, porque la isapre que tenga mas población adulta mayor, aunque tenga una mayor población de mujeres en edad fértil, va a recibir de todo el sistema mayores recursos que lo que se recauda meramente por la cotización normal de esas personas", explicó Inostroza.
Con los recursos asignados, las isapre "van a poder atender los problemas de salud que estas personas tengan, por lo tanto, no van a tener el incentivo a expulsarlas", dijo el superintendente.