El fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, llamó a las autoridades competentes a "poner al día" las leyes que permite combatir el crimen organizado en el país, que hoy es "diametralmente diferente" a como era hace dos décadas, fecha de la que -dijo- data la legislación con la que deben investigar y encausar los procesos.
El persecutor habló así en el marco de la XIII Conferencia Internacional "Estrategias para la comprensión y abordaje del crimen organizado", organizada por la Fundación Paz Ciudadana con expositores internacionales y que tuvo la participación de autoridades del Gobierno, del Ministerio Público, de los municipios, de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
"Lo primero es ponernos al día con la legislación que tenemos, que no está adecuada a los tiempos en una serie de materias", afirmó Barros, valorando de todos modos que, "afortunadamente, ahora se está hablando de crimen organizado a través de un proyecto que está en el Senado".
"Es un gran avance que nos va a permitir estar a la par, pero lo que no podemos seguir haciendo es ir detrás de las organizaciones criminales, (porque) hoy no tenemos una legislación que nos permita sacarles todos los bienes a las organizaciones", apuntó.
Alertó en esa línea que "lo que hemos estado haciendo es usar normas que estaban disponibles hace 15, 20 años, para una criminalidad que hoy es diametralmente distinta a la que teníamos".
En lo que va del 2022, los homicidios violentos han aumentado un 6,5 por ciento con respecto al año pasado, según el Ministerio Público, aunque la cifra sigue estando por debajo del registro del 2020.
En la instancia, la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, destacó que en el Gobierno "mostramos que hay un esfuerzo en dotar de mayores herramientas presupuestarias tanto a la Fiscalía como a la Policía de Investigaciones y a Carabineros, lo que está expresado en los 25 mil millones a (la última institución) y los mil vehículos que se van a adquirir en este año".
"Eso también tiene un desarrollo territorial, de poder mejorar las capacidades de los municipios y también las organizaciones, y al mismo tiempo, poder dar una discusión de fondo sobre la política de crimen organizado, que se está trabajando", añadió.
A su vez, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), reflexionó que "no es un solo factor, sino que distintas cosas. Es verdad que la legislación debe ir de la mano con los nuevos fenómenos, pero por otro lado, es cierto que esto es un sistema, y creo que también falta articulación, y por supuesto, voluntad política".
En ese sentido, su par de Puente Alto, Germán Codina (RN), sostuvo que "el Congreso tiene que actuar a otro ritmo; escribí una carta a los medios hace algunos días, en la que entre otras cosas digo que es necesario que se salga de La Moneda y del Congreso, y se vaya a sectores vulnerables".
