La Sala del Senado aprobó el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles o pasajes, por motivos de seguridad.
Con esto, y luego de que también así lo hiciera la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley.
El texto flexibiliza la actual legislación, buscando conciliar el libre tránsito de personas y el derecho de los ciudadanos a proveerse de condiciones de mayor seguridad, procurando el acuerdo de los propietarios y moradores y garantizando el acceso a los vehículos de emergencia, de utilidad pública y de beneficio comunitario.
La nueva normativa establece que la solicitud del cierre de pasajes o calles sea suscrita por al menos el 80 por ciento de los propietarios, sus representantes o moradores y siempre que el ancho de la calzada sea inferior a siete metros.
El cierre podrá implementarse solamente en la entrada y salida de calles y pasajes cuya extensión no sea superior a una cuadra.
La petición de los vecinos "tiene que ser aprobada por el concejo municipal y así van a poder restringir el acceso a estas calles y pasajes, siempre resguardando el libre tránsito de los vehículos de seguridad y los vehículos relacionados con Bomberos y ambulancias", explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez.
Estarán autorizados a funcionar por un lapso no superior a siete horas continuas, las que se deberán indicar en la solicitud al concejo municipal.
Excepcionalmente, el municipio podrá autorizar períodos de cierre que no excedan de 10 horas continuas, fundado en especiales motivos de seguridad y siempre que no haya afectación relevante del tránsito, añadió Gómez.
REGLAMENTO, EL PUNTO PENDIENTE
La ley aprobada dicta que "un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública determinará las características del cierre o de las medidas de control de acceso, según corresponda, velando por que ellas puedan ser desactivadas en caso de emergencia".
"Dicho reglamento considerará una ordenanza municipal tipo, propuesta por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que deberá contener medidas para garantizar la circulación de las personas y de los vehículos de emergencia, de utilidad pública y de beneficio comunitario, y compatibilizar el objeto de la autorización con el desarrollo de la actividad económica del sector", señala el documento.
"La autorización nunca podrá comprender alguna vía de la red vial básica. La ordenanza que se dicte sobre la materia deberá ser sometida por el alcalde a la aprobación del concejo", indica.
En este contexto, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, dijo que "es relevante no sólo celebrar esta noticia que le va a cambiar la vida a muchos chilenos que hoy viven con miedo, sino que hacer un llamado fundamental al Gobierno para que el reglamento se dicte rápidamente".
"Falta el reglamento. El reglamento es del detalle de cómo va a operar esta ley (...) Un reglamento puede tardar meses o incluso años en ser dictado. Ahora tenemos que hacerlo en días, porque todas las noches que pasa cuando un ciudadano tiene miedo es tiempo que no podemos esperar", apuntó el jefe comunal.
"NO ES LA MEDIDA IDEAL, PERO ES LA ÚLTIMA HERRAMIENTA ANTE LA AUSENCIA DEL ESTADO"
Gonzalo Montoya, alcalde de Macul, valoró positivamente la aprobación de la ley, manifestando que es una demanda "muy sentida y muy esperada por nuestras comunidades ante la falta del Estado en materia de prevención de la delincuencia".
"Muchas familias se encierran y ponen rejas en sus pasajes con el único ánimo de evitar ser asaltadas o que delincuentes ingresen a sus viviendas o sus vehículos. Esto nos va a permitir regularizar una cantidad importante de pasajes que están cerrados", destacó.
"Valoramos la resolución del Congreso Nacional, lo que nos permite tener certezas a la hora de instalar portones en los barrios de nuestra comuna", expresó Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú.
"Sabemos que no es la medida ideal para combatir el delito, pero ha sido la última herramienta disponible en las comunidades para poder defenderse ante la ausencia del Estado y la falta de políticas integrales que nos permitan tener barrios más seguros", agregó.
