"Hay plazos procesales que cumplir", explicó la fiscal Solange Huerta.
El Ministerio Público quisiera avanzar "lo más rápido posible", aseguró.
Huerta celebró que la Corte de Apelaciones rechazara sobreseer a cuatro de los siete imputados.
La fiscal Solange Huerta celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de rechazar el pedido de sobreseimiento de cuatro de los siete imputados del llamado "caso tsunami".
Huerta destacó que con esta resolución el proceso sigue avanzando hacia la etapa de juicio oral. Sin embargo, consideró poco probable que el juicio se vaya a hacer efectivo durante lo que queda de este año.
"Los plazos o los tiempos de esta investigación están marcados por ciertas actividades muchas veces de las propias defensas de los querellantes. Nosotros, como Fiscalía, quisiéramos avanzar mucho más rápido, porque entendemos que las víctimas tienen derecho a reparación en la forma más próxima posible, pero los plazos no los definimos nosotros exclusivamente, hay mucho que tiene que ver con las actuaciones de los otros intervinientes", dijo Huerta.
"Solamente la audiencia de preparación de juicio oral podría durar aproximadamente tres meses, conforme a la experiencia en otros casos complejos", ejemplificó la persecutora.
Conforme a lo anterior, "la posibilidad de realizar, por ejemplo, un juicio este año, se ve diluida por esos plazos procesales que hay que cumplir".
"Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en forma independiente y queremos avanzar en esto lo más rápido posible", indicó Huerta, señalando -ante las consultas de la prensa- que "si eso coincide con procesos eleccionarios no es tema que le competa a la Fiscalía".
Más allá de esta dilación "nos sentimos satisfechos del resultado que hemos obtenido el día de hoy", expresó: "Nosotros siempre hemos sostenido que esta causa, esta investigación, se tiene que resolver en la sede que procesalmente está establecida: esto es el juicio oral".
"Esto es un paso más para llegar a la instancia de juicio oral", indicó la fiscal, que subrayó que el sobreseimiento definitivo que pedían los imputados "equivale a una sentencia absolutoria", que se opone a "lo determinado en las diversas instancias: que aquí existen antecedentes de la existencia de un delito y de la participación de los imputados que están formalizados por los mismos".
