La justicia ordenó el desalojo luego de que un sujeto se tomara la vivienda que después subarrendó.
Cerca de 30 familias fueron desalojadas este miércoles desde una casa en Carmen con Santa Elvira, en la comuna de Santiago.
30 familias fueron desalojadas desde una propiedad de calle Carmen en stgo centro. La casa que pertenece a un privado fue tomada x un hombre que a su vez sub arrendaba piezas a migrantes. @Muni_Stgo está prestado ayuda a los afectados @Cooperativa pic.twitter.com/T4paHQL6E7
— María Paz López (@mariapaz_lopezc) January 2, 2019
El desalojo fue ordenado por la Justicia luego de que el propietario de la vivienda denunciara a un hombre, de nacionalidad peruana, que se tomó el lugar que más tarde subarrendó a las familias, en su mayoría, migrantes.
El inmueble pertenece al consorcio empresarial multinacional Cencosud.
Los afectados fueron notificados el pasado 23 de diciembre, pero muchos no alcanzaron a cambiarse de hogar.
"Tengo dos hijos, dónde consigo una casa de un momento a otro. Él (el subarrendador ilegal) decía que sí, que tenía un contrato. Yo pagaba 350 (mil pesos) mensuales y, aparte, gastos comunes", relató uno de los habitantes del lugar.
Frente al desalojo, el Municipio de Santiago prestó camiones para trasladar los enseres, además de ayudar a los desalojados con dinero para encontrar un lugar dónde vivir.
Daysi, quien tiene una guagua de un mes, relató a Cooperativa que "no nos dieron mucho tiempo" tras el aviso del desalojo y contó que la Municipalidad "nos presta movilidad y nos ayuda con una parte del arriendo porque en todas las piezas nos piden mes de arriendo y mes de garantía".
Daysi y su guagua de 1 mes quedaron en la calle tras desalojo del lugar donde vivían. La casa que pertenece a un privado fue tomada por un hombre quien sub arrendaba el lugar. La mayoría de quienes quedaron sin casa son migrantes. @Cooperativa pic.twitter.com/TSMEpVdvYB
— María Paz López (@mariapaz_lopezc) January 2, 2019
El director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Santiago Centro, Guillermo Soto, dijo que "este es un desalojo judicial entre privados donde como Municipio el rol que nos corresponde es poder prestar asistencia social y apoyo para reubicar a las familias".
"Les cobran del orden de 200 o 150 mil pesos, y sin ninguna regulación. Esta persona desaparece y le deja el drama social al Municipio y al Estado de Chile y no tenemos, lamentablemente, facultades legales para abordar esta realidad social crítica", agregó.
A través de un escueto comunicado, Cencosud señaló que el inmueble le pertenece, que el desalojo se desarrolló de acuerdo al dictamen judicial y que fue en coordinación con la Municipalidad de Santiago para prestar la asistencia social correspondiente.
