En un ambiente violento se realizó el desalojo de los 208 departamentos sociales tomados en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, donde cinco personas resultaron detenidas y el Gobierno ordenó la habitabilidad inmediata, luego de la revisión de daños por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización.
Las 13 torres de viviendas sociales, parte del programa Prais, fueron ocupadas por turbas desde el viernes, y desalojadas esta mañana por Carabineros en un operativo de grandes proporciones, con más de 250 funcionarios.
La respuesta de los usurpadores fue violenta: se enfrentaron a la policía y golpearon a equipos de prensa. Antes, habían desvalijado parte de las unidades habitacionales, robando incluso cañerías y calefonts.
"QUE NOS REGALEN UNA MEDIAGUA PARA TOMARNOS UN TERRENO"
Una de estas personas, que se identificó como Carolina Marín, salió a hablar en representación del grupo: reconoció que estaban cometiendo un acto irregular, pero alegaron que no tenían solución por parte del Estado.
"Hemos ido a la Municipalidad a pedir una ayuda, que nos regalen una mediagua para, por último, poder tomarnos un terreno y construirnos algo a la orilla de la playa, así como han llegado los venezolanos", manifestó.
Por otro lado, el Serviu manifestó que el sábado en la mañana se pidió a la Delegación Presidencial la restitución inmediata de los inmuebles. Sin embargo, el desalojo tardó cinco días más.
El operativo del personal de Control de Orden Público y del GOPE dejó un saldo de cinco detenidos, tres de los cuales tenían órdenes pendientes. Parte del contingente policial se mantiene en el lugar para resguardar a los funcionarios del Serviu que están catastrando los daños.
Como medida de emergencia, el Gobierno ordenó la habitabilidad inmediata de los inmuebles, por parte de los dueños legítimos, cuando concluya el análisis y revisión de los daños. Será en un tiempo de dos o tres meses, según el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
DEUDAS DE CONSTRUCTORA CON TRABAJADORES
La génesis del conflicto que derivó en la megatoma se remonta a cinco meses atrás, cuando la constructora Rukan Tec dejó de pagarles los sueldos a los guardias y trabajadores del lugar. A medida que los pagos no avanzaban, algunos de ellos decidieron tomarse algunas unidades.
La situación escaló la semana pasada, con la masiva ocupación ilegal de los departamentos que estaban listos hace un año y que no habían sido entregados por problemas administrativos y económicos de la empresa.
Margarita Gómez, guardia de seguridad del espacio, fue testigo de la arremetida de los usurpadores y contó que "ingresaron armados, lo que hace un delincuente, porque venían a desmontar completamente los departamentos: sacar puertas, ventanas, cañerías, lo que encontraran. No era un tema de tomarse los departamentos de por sí".
A su vez, José María Núñez, dirigente del comité Price N° 1, remarcó que "el proceso administrativo y de entrega es demasiado lento. Tenemos reuniones cada 15 días con los equipos del Serviu, de la constructora y los dirigentes, y en una de esas, hemos sugerido que tenemos la necesidad de ingresar pronto a nuestro departamento, porque nos van a entregar uno que necesariamente tenemos que pintarlo y ponerle el piso, y en eso nos demoraríamos 30 o 40 días".
Por lo demás, en otra ocasión advirtieron que "si no nos entregaban la posibilidad de habitar cuando ya estuviera (instalada) la luz, el agua y el alcantarillado, le estaban dando tácitamente el permiso a la gente extraña".
"VAMOS A PROTEGER EL DERECHO DE LAS FAMILIAS QUE POSTULAN"
Desde La Moneda, el subsecretario Manuel Monsalve condenó lo ocurrido y afirmó que "cada vez que ocurra ese hecho, nuestra posición siempre va a ser la misma: se va a desalojar".
"Vamos a proteger el derecho de las familias que postulan a los subsidios de vivienda a tener su casa propia. El Gobierno no va a tolerar ocupaciones ilegales de viviendas sociales, detrás de las cuales hay familias que han esperado años tener una vivienda propia: Se han organizado, han constituido un comité, han hecho ahorro, han postulado el proyecto al Serviu y, finalmente, han esperado que ese proyecto se construya para resolver su derecho a la vivienda", declaró.
En la misma línea, el ministro Montes dijo que este tipo de acciones "es algo que no vamos a aceptar; que llegue un grupo de personas con necesidades a tomarse las viviendas de otras familias que las tienen asignadas".
Los usurpadores "debieran haber postulado por las normas regulares del Ministerio, pero llegan a tomárselo con hacha y cuchillo... La verdad es que no nos parece y no lo vamos a aceptar", manifestó el socialista.
PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL
Montes también realizó hoy un balance del plan de Emergencia Habitacional y detalló que se han construido más de 50 mil casas: un avance del 19,4 por ciento, hasta abril.
A la vez, las viviendas en etapa de construcción son 133 mil a nivel nacional, los proyectos aprobados por iniciarse son cerca de 75 mil, y las viviendas con subsidios asignados superan por poco las 259 mil.
El jefe de Vivienda cuestionó a los bancos por poner trabas a las empresas para financiar los proyectos habitacionales: "En un tiempo subieron los avales, subieron las condiciones para los créditos. Nos hemos encontrado con varios casos, y una ley que sacamos que era para avalar los créditos para la construcción la están usando para renegociar deudas previas y no para iniciar nuevas obras".
La meta del Ejecutivo es llegar a marzo de 2026 con 260 mil viviendas construidas, para cubrir al menos un 40 por ciento de la necesidad habitacional identificada, que se estima en más de 650 mil viviendas a lo largo de todo el país.
"Es una meta muy ambiciosa y veo difícil que el Gobierno la vaya a cumplir, porque tenemos una gran dificultad, que es la disponibilidad de terrenos aptos para construir viviendas, y en los terrenos que son aptos, los valores son prácticamente inalcanzables", dijo el diputado Sergio Bobadilla (UDI), miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja.
El director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, identificó "dos grandes desafíos estructurales en materia de vivienda", partiendo por "la alta demanda acumulada habitacional que existe, vale decir, entre 700 mil y 1 millón de familias están buscando poder acceder a una vivienda, y sin embargo, no pueden tener una solución habitacional en el mercado por sus propias cuentas", mientras que el segundo es "el aumento del precio o el costo de la vivienda, el cual comienza a alejarse cada día de los salarios que tienen los chilenos y chilenas, y por lo tanto, se hace un bien cada vez de más difícil acceso".
"Ambos desafíos estructurales comparten una misma solución, que es el aumento de la oferta habitacional existente", aseguró.
Por su parte, la directora del centro de estudios de Techo Chile, Pía Palacios, consideró que el plan del Gobierno "va en la dirección correcta", al hacerse cargo de "una gran cantidad de unidades de vivienda", pero apuntó que "hay que tomar esto con cautela, principalmente por los tiempos. Sabemos que la construcción de una vivienda toma muchísimo tiempo, porque tenemos limitantes como el acceso a suelo, pero necesitamos avanzar en reducir los tiempos de los distintos permisos que se necesitan".
