El ex mandatario de Brasil debe presentarse ante la justicia el 11 de febrero por un presunto delito de corrupción en 2009.
Su defensa aseguró que Da Silva se presentará a cualquier acto judicial en la cual presencia es obligatoria.
Además, fueron acusados Paulo Okamotto, presidente del Instituto Lula; el ex ministro de Hacienda Antonio Palocci y Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora.
Tribunal ratificó y elevó cinco años una pena dictada en primera instancia en el marco del caso Lava Jato.
El líder del PT podrá recurrir en libertad la nueva condena gracias a una reciente decisión del Tribunal Supremo que permitió su excarcelación.
El ex mandatario lideró un mitin donde reiteró que su encarcelamiento se debió a motivos políticos y fue orquestado por el hoy presidente y el ex juez Sergio Moro.
"Preferí ir a la cárcel porque quería desenmascararlos", aseguró el ex jefe de Estado de 74 años.
Ayer la Corte Suprema allanó la liberación del ex mandatario brasileño.
El máximo tribunal determinó que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional.
En el caso de Lula, en prisión desde 2018, aún contempla un último recurso, ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.
El máximo tribunal estimó que una práctica procedimental utilizada en el proceso afectó el derecho a la defensa.
Si bien la próxima semana va a "delimitar el alcance" de la resolución, ya se especula con que esto podría beneficiar al encarcelado Lula da Silva.
Jorge Abbott aseguró que "es una opción" que la persecutora Ximena Chong vaya otra vez a Brasil para "precisar" la acusación de Leo Pinheiro.
La fiscal de Alta Complejidad ya estuvo en ese país en 2017 por el caso del avión que OAS facilitó en 2013 al entonces candidato Marco Enríquez-Ominami.
La ex Mandataria fue acusada de recibir más de 100 millones de la constructora OAS en su segunda candidatura presidencial.
"Lo importante es que frente a temas sensibles se investigue con prudencia", enfatizó la vocera de Gobierno.
El ex presidente de la constructora OAS fue sentenciado por corrupción y lavado de dinero.
Fue interrogado en Brasil por la Fiscalía chilena, pero guardó silencio ante Ximena Chong.
Los contactos habrían sido realizados a través de Lula da Silva y Ricardo Lagos.
El monto fue cancelado con participación del operador político Giorgio Martelli.
Según el Ministerio Público, José Ferreira da Silva, conocido como "Frei Chico", recibió entre 2003 y 2015 al menos unos 275.000 dólares de Odebrecht.
Los pagos fueron supuestamente parte de un "paquete" de "ventajas indebidas" ofrecidas al ex mandatario.
Abogados presentaron un nuevo hábeas corpus contra las dos penas que purga el ex mandatario brasileño con base en una brecha jurídica abierta por la Suprema.
El recurso alega que Da Silva sufrió restricción a su derecho de amplia defensa al ser obligado a testificar al mismo tiempo que los empresarios que lo acusaron.
La empresa debe reestructurar alrededor de 25.000 millones de dólares de deuda.
La constructora ya se había declarado en quiebra en Brasil.
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