El ente electoral se comprometió a tomar "las acciones y planes de tratamiento necesario que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información crítica".
"El caso específico que generó esta publicación indebida, puede darse, como caso específico, por superado", estimó el titular del CPLT, Francisco Leturia.
Los escrutinios permitieron elegir a los 110 miembros del comité central, que ahora deben determinar los 10 integrantes de la mesa directiva.
El proceso se realizó en 318 comunas del país y contó con una participación de más de 10 mil militantes.
La diputada comunista quedó disconforme con las explicaciones que dio Andrés Tagle por la falla de seguridad que dejó disponibles los datos electorales de 15 millones de chilenos.
Calificó la situación como "gravísima" y lamentó que sólo se esté realizando un sumario interno.
El encuentro se da luego que esta misma institución oficiara al Servicio Electoral por la filtración de datos personales de los electores.
"En Chile hasta el momento no hemos tenido cuestionamientos a ese tipo de procesos y no queremos que nunca los haya", afirmó Francisco Leturia, líder del Consejo para la Transparencia.
"Hemos acordado reforzar esta colaboración y básicamente enfocar a revisar y mejorar nuestros procedimientos de control", destacó Andrés Tagle, presidente del Servel.
El presidente del CLPT, Francisco Leturia, remarcó que "es sumamente grave que se hagan públicas algunas informaciones tan sensibles de las personas".
En el sitio web del Servel fue publicada una base de datos donde se entregó la información personal de los ciudadanos incluyendo las edades, los RUT e incluso la militancia política.
El trámite se puede realizar hasta la medianoche.
El referéndum del 4 de septiembre tendrá voto obligatorio y quienes no concurran arriesgan multas que puede superar los 165.000 pesos (3 UTM).
El trámite ya ha sido solicitado por 642.124 personas.
El referéndum tendrá carácter de obligatorio y quienes no concurran a votar arriesgan multas que puede superar los 165.000 pesos (3 UTM).
Andrés Tagle respaldó que "en esta etapa, donde se están discutiendo las normas", autoridades "opinen sobre esas normas, especialmente si son de competencia".
El ministro de la Segpres dijo que "la prescindencia es algo con lo que estamos comprometidos en materia institucional, lo que no exime a las personas de tener su propia opinión política".
Con los datos disponibles, el Servel determinará los locales de votación privilegiando la cercanía.
Autoridades llamaron a la población a realizar este trámite vía Internet -con Clave Única- o de forma presencial en oficinas de ChileAtiende y del Servicio Electoral.
"Ojalá que muchos lo podamos hacer y tener una votación el 4 de septiembre en las mejores condiciones posibles", señaló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Tras respaldar las modificaciones del Senado, quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para ser promulgada.
"Hay que hacer un llamado a las personas que a través de la página del Servel actualicen sus direcciones", advirtió la diputada Sofía Cid (RN).
Lautaro Carmona (PC) señaló la importancia de que ambas coaliciones se cuadren con el apruebo, por tratarse de algo "tan significativo para el cumplimiento del programa de Gobierno".
Sin embargo, el timonel radical, Alberto Robles, consideró "poco racional" abanderarse por una u otra opción "sin que conozca el texto".
El Presidente Gabriel Boric adelantó que el Gobierno impulsará una campaña informativa para "incentivar el voto", aunque su posición "no es neutral ante proceso de cambio".
El socialista planteó en Cooperativa que aún es posible "corregir aquellas cuestiones que abren riesgos para la democracia, y atenuar el presidencialismo" donde se quedó al debe.
Dichas modificaciones deben promoverse "en aras de darle seguridad al proceso de transformaciones sociales".
De instalarse la alternativa para reformar la Constitución en el Congreso, el 38% de los encuestados optaría por ella.
Pero con las opciones tal como están, el 44% señala que rechazará el texto emanado de la Convención, y el 39% prevé aprobarlo.
Las declaraciones de los abogados y contadores del Servel levantaron las sospechas sobre gastos electorales y solicitud de reembolsos en su campaña a gobernadora metropolitana.
Tres bancos deberán entregar los movimientos financieros de la ex militante de Comunes.
