Fallo favorece a una joven de 26 años que padece atrofia muscular espinal tipo II.
Hospital local, Servicio de Salud y Fonasa deberán adquirir para ella Risdiplam, que cuesta 120 millones de pesos.
Las acciones judiciales son por el endeudamiento que mantienen por "concepto de Ley de Urgencia y Rebase".
La Clínica Dávila Recoleta solicita 11.874 millones de pesos, mientras que Clínica Dávila Vespucio pide 11.230 millones de pesos.
La subsecretaria Andrea Albagli apuntó a la "responsabilidad que nos confiere como Estado" para saldar la deuda.
Desde los recintos privados calificaron como "inaceptable" la forma de pago propuesta por la Dipres.
El 90% de la deuda se debe a prestaciones que se dieron por Ley de Urgencia y Rebase y el 50% del total corresponde al año 2022.
El Gobierno propuso que a marzo del 2024 se pague el 40% del total y el resto al fin del periodo, algo "absolutamente insuficiente, inadecuado y abusivo", según el gerente general.
Durante este año son más de 400 mil las personas que se han unido a este sistema de salud.
Las isapres, por contraparte, siguen con una pérdida constante de afiliados desde el año pasado.
Deberán realizar las gestiones administrativas para la compra y administración del medicamento Trikafta.
Puedes ser beneficiario por dos causas: pago mayor al tope imponible y doble pago idéntico.
Una mujer pasó un año entero sin trabajar valiéndose de este fraude.
Los primeros siete imputados están vinculados con los doctores ya formalizados por el delito, que perjudica tanto a Fonasa como a las isapres.
La institución de salud pública se querelló contra los responsables de la vulneración, que comprometió 250 computadores y más de 25 servidores.
Por otro lado, la TGR negó que "cientos de datos de deudas fueron borrados" en el ataque, como aseguró el supuesto autor.
La profesional emitió más de 6.000 bonos por prestaciones que nunca se efectuaron, con un perjuicio fiscal de 5.100 millones de pesos.
El Consejo de Defensa del Estado se declaró conforme ante esta sanción "ejemplar".
La instancia trabajará en paralelo a las reuniones del Ejecutivo con el gremio de las aseguradoras privadas.
El diputado Tomás Lagomarsino presentó la iniciativa, que pretender la creación de este régimen para aquellas personas que se queden sin prestadora privada de salud.
"Tienen que seguir pagando lo que establece su contrato y recibiendo las prestaciones establecidas en dichos planes firmados por los afiliados", ahondó.
El presidente del gremio, Patricio Meza, recordó que actualmente hay tres millones de personas que se atienden en el sistema privado de salud.
En conjunto, estos profesionales han otorgado 1.912.017 permisos en 2022, que implican el desembolso de 705.707 millones de pesos en el sistema público.
Mientras que el 98% de los médicos habilitados para dar licencias emite menos de cinco al día, un "gran emisor" promedia 60 a diario.
