Gobierno español aprobó proyecto que flexibiliza plazos para abortar
Permitirá interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas.
Se suprimirá el permiso paterno para que jóvenes de 16 años puedan abortar.
Permitirá interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas.
Se suprimirá el permiso paterno para que jóvenes de 16 años puedan abortar.
El Consejo de Ministros de España dio este jueves luz verde al proyecto de reforma de la ley del aborto, por el que se permitirá interrumpir libremente el embarazo en las primeras 14 semanas y se suprimirá el permiso paterno para que una joven mayor de 16 años pueda abortar.
El tema del permiso paterno ha sido uno de los más debatidos del proyecto.
"Es un texto que busca salvaguardar la dignidad de la mujer, ése es su espíritu de principio a fin", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial.
"Emocionalmente y personalmente es un dilema muy difícil, una encrucijada muy difícil de afrontar, por eso hay que plantearlo en términos de seguridad", dijo sobre un anteproyecto que protege y garantiza en todo el Estado los derechos de las mujeres que decidan abortar, y ofrece seguridad jurídica a los profesionales de la salud que los practiquen.
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| El aborto pasa a ser un derecho jurídicamente exigible en España. |
La ley de plazos que introduce como novedad la reforma establece que el aborto sea libre hasta las 14 semanas, y lo permite hasta las 22 semanas si hay grave riesgo para la "vida o salud" de la madre o graves anomalías en el feto.
También lo deja sin plazo en el caso de anomalías del feto incompatibles con la vida o enfermedad muy grave e incurable, siempre y cuando varios especialistas lo consideren pertinente.
Otra gran novedad y el punto más polémico que incorpora el nuevo texto es permitir a las mayores de 16 años decidir por sí mismas, sin necesidad de autorización de los padres, interrumpir voluntariamente el embarazo.
El aborto pasa a ser un derecho, jurídicamente exigible, para dejar de ser una concesión del Estado tutelada, lo que supone un cambio drástico de concepción, contra el que prometen luchar las asociaciones provida.