La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó este lunes que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas ante la pandemia del coronavirus Covid-19 no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos.
La necesidad de esas medidas fue reconocida por la Oficina que dirige la ex Presidenta Bachelet, debido a razones de salud pública, pero al mismo tiempo se ha advertido que no deben usarse contra la oposición, para controlar a la población o para prolongar la estancia de un líder y su entorno en el poder.
El organismo ha recibido denuncias que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad se han extralimitado en el uso de la fuerza para obligar a la población a respetar el confinamiento y los toques de queda vigentes en unos 80 países.
"Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder", expresó Bachelet este lunes en un comunicado emanada desde su Oficina.
La alta comisionada recalcó que "esos poderes deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, nada menos".
La ex Presidenta alertó que han visto "cómo numerosos Estados adoptaban medidas justificadas, razonables y provisionales. Pero también ha habido casos muy inquietantes, en que los gobiernos parecen haber usado la Covid-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho".
"El principio supremo debe ser que esas medidas se apliquen con sentido humanitario"
Ante ello, recalcó que las medidas excepcionales o los estados de emergencia deben someterse a la supervisión del parlamento, el poder judicial y la opinión pública.
Bachelet expresó que "los distintos países atraviesan por fases diferentes de la pandemia. Algunos empiezan a dejar atrás las medidas de emergencia, mientras que otros las amplían o refuerzan. El principio supremo debe ser que esas medidas se apliquen con sentido humanitario. Las penas impuestas por su trasgresión han de ser proporcionales y no deben aplicarse de manera arbitraria o discriminatoria".
"Habida cuenta de la índole excepcional de esta crisis, es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales para hacerle frente. Pero, si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado", enfatizó.
Manual para los gobiernos
A raíz de estas situaciones, la Oficina de Bachelet presentó un manual para orientar a los gobiernos sobre cómo aplicar las medidas de emergencia respetando los derechos humanos.
En el manual se considera inaceptable e ilícito disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque ha violado un toque de queda.
Esto ha ocurrido en varios países, llegando a extremos en Nigeria, donde 18 personas fueron asesinadas supuestamente por violar el confinamiento, en acciones perpetradas por las fuerzas del orden.
La directora de Operaciones de la Oficina de Bachelet, Georgette Gagnon, mencionó que se tiene información sobre la detención de 120.000 personas por no respetar el toque de queda en Filipinas, donde al principio de la crisis sanitaria su presidente, Rodrigo Duterte, dijo que se dispararía contra todo aquel que violara la medida, algo que ocurrió el pasado 22 de abril y que dejó un muerto.
"Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable. También lo es crear una situación en la que a una mujer le resulte difícil o peligroso ir a un hospital a dar a luz. En algunos casos, la gente ha muerto por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles", denunció Bachelet.
También señaló que "en determinados países, miles de personas han sido detenidas por violar el toque de queda, una práctica que es a la vez insegura e innecesaria. Las cárceles y prisiones son lugares de alto riesgo y los Estados deben esforzarse por poner en libertad a todos los reclusos que puedan ser excarcelados sin peligro, y no por arrestar a más gente".
Bachelet enfatizó que los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley "deben usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, y la fuerza letal, únicamente cuando exista una amenaza inminente para la vida".
