La Segpres informó que están analizando el contenido de la iniciativa despachada hoy por el Senado "para resolver los cursos de acción".
Pese a que no hubo votos en contra, parlamentarios de la UDI han planteado que el proyecto puede vulnerar el derecho de la propiedad de las empresas.
El Gobierno puso suspenso el proyecto de ley, despachado hoy por el Congreso, que prohíbe el corte del suministro de servicios básicos -luz, agua, telefonía, internet y gas- durante la duración del estado de emergencia por la pandemia de Covid-19, y advirtió de una posible inconstitucionalidad.
A través de un comunicado, la Secretaría General de la Presidencia planteó que la iniciativa "podría constituir infracciones a las normas constitucionales".
Por ello, "el Gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción", antes de promulgarlo.
Incluso antes de la aprobación de la iniciativa, el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, advirtió que la ley puede generar problemas constitucionales desde el punto de vista de los derechos de las empresas.
"Nos parece que incluso protegiendo la responsabilidad patrimonial del Estado de eventuales demandas en sedes incluso internacionales no era acorde a la Constitución la forma en que esto se estaba planteando. Lo digo porque eventualmente puede estar limitándose el derecho a la propiedad porque la postergación puede producir costos financieros", manifestó Ossa, quien fuera director del Sernac en el primer Gobierno de Piñera.
El Gobierno le pone suspenso a la promulgación de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia.
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) June 11, 2020
Advierte que "podría constituir infracciones a las normas constitucionales" por lo que analiza su contenido para resolver cursos de acción.@Cooperativa
En su último trámite, el proyecto fue visado hoy en el Senado por 28 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones, estas últimas principalmente de parlamentarios oficialistas de la UDI que cuestionan la constitucionalidad del texto ya que, apuntan, puede vulnerar la garantía del derecho de propiedad de las empresas.
Incluso en su momento, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, hizo una reserva de constitucionalidad de la iniciativa aprobada en la Cámara Baja y advirtió que posiblemente lo podían mandar al Tribunal Constitucional, sin embargo, posteriormente el Gobierno participó activamente de otro proyecto paralelo en el Senado, el que terminó fusionándose en la comisión mixta con el salido de la Cámara.
El proyecto en sí, tal como salió aprobado hoy del Congreso, no requiere control por parte del TC.
COMUNICADO DE PRENSA | Frente a la moción parlamentaria que suspende el cobro de servicios básicos, comunicamos lo siguiente⬇️ pic.twitter.com/gJuDxJwGO9
— Ministerio Secretaría General de la Presidencia (@Segpres) June 11, 2020
La senadora UDI Ena Von Baer, quien se abstuvo en la votación, cree que "en el momento en que se las obliga y no las indemniza, genera un problema, porque lo que puede suceder es que las empresas recurran judicialmente en contra del Estado, y el día que tengamos la próxima licitación, puede que sea más costosa para el Estado ya que las empresas proveedoras van a tener la incertidumbre de que si estos servicios en algún minuto se tiene que brindar de manera gratuita".
Esto pese a que el proyecto de ley despachado no habla de gratuidad, sino que establece que las deudas puedan prorratearse para más adelante.
Por su parte, la presidente del Senado, Adriana Muñoz (PPD), fustigó que "es en este tipo de debate donde quedan en mayor evidencia las grandes diferencias que tenemos oposición y Gobierno para enfrentar la crisis".
Aludiendo al acuerdo alcanzado en marzo entre el Ejecutivo y las empresas, el cual contemplaba solo hasta el 40 por ciento más vulnerable de la población, Muñoz sostuvoo que "es muy pertinente tener una ley, porque los acuerdos circunstanciales pueden tener algún alivio, pero hay que garantizar derechos sociales hoy y eso se logra a través de leyes".
A su vez, la diputada Joanna Pérez (DC), una de las impulsores de la ley, lamentó "profundamente" que, en su opinión, "de manera solapada y con un comunicado, sin ser capaz de dar al cara", el Gobierno dé luces de que eventualmente recurrirá al TC.
"Demuestra la indolencia y lo bajo que es el Gobierno en materia de políticas sociales", cerró.
