Ex detective gay demandó al Fisco por discriminación en la PDI

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Autor: Cooperativa.cl

César Contreras pide su reincorporación y el pago de 50 millones de pesos.

La Justicia desechó las acusaciones que gatillaron su salida de la policía civil.

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Contreras (a la izquierda) acudió a tribunales junto a su padre y el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

El ex subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) César Contreras Segura presentó una demanda contra el Fisco, acusando que fue expulsado de la institución por su orientación homosexual.

Contreras acusa que al interior de la PDI intentaron involucrarlo en delitos de pornografía infantil, que fueron desmentidos por la Brigada del Cibercrimen y los tribunales.

La acción legal incluye una demanda de nulidad del decreto que ordenó la baja de Contreras a objeto de ser reintegrado, así como una indemnización de 50 millones de pesos por perjuicios y la restitución de las remuneraciones y pagos previsionales desde la expulsión.

"Desde el 2006 a la fecha he vivido un infierno familiar, emocional y económico a raíz de mi injusta e inhumana expulsión de la Policía Civil, donde serví por 15 años con una trayectoria intachable que funcionarios policiales quisieron enlodar sólo a partir de mi homosexualidad", sostuvo el ex detective, quien al momento de ser dado de baja se desempeñaba en la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) de Conchalí.

Seguimientos

Contreras Segura señala que comenzó a ser investigado en julio de 2005 con la intervención de sus teléfonos y correos electrónicos durante varios meses y seguimiento a sus citas con personas del mismo sexo.

El Departamento V de Asuntos Internos justificó el operativo con la acusación de que el entonces funcionario estaba vinculado a la pornografía infantil.

Dicha versión fue desmentida el 26 de agosto del 2005 por una investigación de la propia Brigada del Cibercrimen, que más tarde fue visto por el 12º Juzgado del Crimen de Santiago, el cual el 26 de julio del 2006 sobreseyó la causa.

La defensa del ex policía añade que en 2007 el caso fue también estudiado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la cual concluyó que efectivamente el funcionario había sido expulsado en razón de su orientación sexual.

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