Felipe Sepúlveda cifró en cerca de 200 millones de dólares los recursos comprometidos en la investigación y destacó la resolución que dejó a cuatro imputados en prisión preventiva.
El fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, calificó el denominado caso Sartor como un fraude de grandes proporciones y sostuvo que, por su magnitud, duración y cantidad de afectados, puede ser considerado entre los más relevantes registrados en Chile durante el último tiempo.
"Nosotros creemos que sí", respondió Sepúlveda al ser consultado sobre si se trata del fraude más importante de los últimos años. El persecutor explicó que se investiga una operación desarrollada durante varios años y con la participación de distintas personas, que afectó tanto a personas naturales como jurídicas. "Aproximadamente 200 millones de dólares son los que están comprometidos en esta investigación, prima facie, con lo que hemos podido demostrar hasta ahora", detalló.
La fiscal Regional Oriente, Lorena Parra, también destacó la magnitud patrimonial de la causa y señaló que solamente en el primer capítulo de la formalización se investigan operaciones por más de 100 mil millones de pesos. Parra afirmó además que el tribunal dio por acreditados, para efectos de las medidas cautelares, los delitos de administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, lavado de activos y fraude por omisión de OPA, mientras el contrato simulado quedó fuera de esa consideración.
Además, destacó que el tribunal acogió las solicitudes de la Fiscalía y tuvo por acreditados, para efectos cautelares, los delitos de administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, lavado de activos y fraude por omisión de OPA. "Eso da cuenta de una investigación sólida y completa", afirmó.
Tras la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Michael Clark Varela, Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery y Sergio Samuel Yáñez Astete quedaron en prisión preventiva, mientras Rodrigo Eduardo Bustamante García y Juan Carlos Jorquera Salas quedaron con arresto domiciliario parcial. En los casos de Clark y Pedro Pablo Larraín, el tribunal consideró además que su libertad representaba un peligro para el éxito de la investigación.
Sepúlveda sostuvo que la decisión judicial refleja que la Fiscalía ha reunido antecedentes suficientes para respaldar las imputaciones y aseguró que todavía existen diligencias pendientes. "Hay una investigación bastante sólida y robusta", afirmó, agregando que el objetivo del Ministerio Público es completar esas actuaciones en un plazo razonable para posteriormente presentar acusación y llevar el caso a juicio oral.
