El senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), cuestionó la postura del Gobierno respecto al ranking de competitividad en que Chile tuvo su mayor caída en los últimos 20 años.
En los resultados del último ranking de competitividad global, Chile cayó desde el puesto 35 al 42. Al respecto, el Gobierno de Sebastián Piñera ha responsabilizado a la administración anterior, una postura similar a la del presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, quien dijo que esto se debía a la "fiesta" del Gobierno de Michelle Bachelet.
Respecto a las cifras en el ranking de competitividad, cuando Michelle Bachelet asume en el Gobierno en 2014, Chile estaba en el lugar 31. En 2015, bajó al lugar 35 explicado en la discusión por las reformas tributaria y laboral. En 2016, se mantuvo en el 36, en 2017 mostró una leve mejora al 35 donde se mantuvo en 2018.
Al respecto, el senador Lagos Webber manifestó que "ya ha pasado más de un año de Gobierno y resulta que todavía seguimos culpando al Gobierno de Bachelet".
"Lo más extraño es que cuando crece al 4 por ciento es por la acción del actual Gobierno y cuando las cifras son menores, es por culpa del Gobierno anterior. La verdad uno esperaría más proactividad del equipo económico del Presidente Piñera", agregó.
Sofofa: Las reformas generan una cierta incertidumbre
Por su parte, el recientemente reelecto presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, manifestó que "obviamente cuando las reformas se proponen y se procesan en el Parlamento y esto se extiende en el tiempo y no se sabe bien cómo va a salir, obviamente genera una cierta incertidumbre, es innegable".
Además, consultado por el mismo tema en entrevista con Lo Que Queda del Día, Larraín Matte aseguró que "es una tendencia que no creo que se deba asociar a un ciclo político específico, me parece que es una cosa de generación más gradual y creo que debe preocuparnos mucho" como de las "barreras informales del crecimiento".
En ese sentido, aseguró que "el impuesto que tenemos que bajar en Chile es el impuesto de la desconfianza. Eso permite que los espacios públicos de participación sean capturados por activistas y no necesariamente por el ciudadano medio, que quizás ve a las instituciones como que no están a la altura de los ideales que promueven y, por lo tanto, se frustran y no se activan en ese debate".
