Este jueves expusieron ante la Corte Suprema por el denominado caso "cartel de los pollos" el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, y los abogados de las empresas Don Pollo, Enrique Barros, y de Agrosuper, Roberto Fasani, acusadas de colusión.
En la instancia la defensa de las empresas avícolas insistieron en su inocencia y pidieron reducir la multa impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que las condenó a pagar en su conjunto 60 millones de dólares, la que se registra como la más alta en la historia contra delitos en colusión.
Mientras Agrosuper acusó vicios en la investigación realizada por la Fiscalía, Don Pollo expuso que económicamente es difícil pagar la multa de 10 millones de dólares ordenada por el Tribunal, ya que sus ganancias sólo llegan al 1 por ciento.
Por su parte, el abogado de Ariztía, Álvaro Ortúzar, negó que su empresa haya participado en una colusión y agregó que de concretarse la multa, generaría para la compañía inestabilidad financiera.
"Lo que hemos pedido es precisamente que se deje sin efecto esta sentencia en todas sus partes, incluyendo la multa, porque Ariztía no ha participado en ninguna actividad colusoria. Al contrario, ha aumentado su producción y han bajado los precios. Son 25 millones de dólares (la multa), evidentemente que dejan algún efecto económico", señaló el abogado.
Fiscalía rebatió argumentos
Los argumentos de la defensa sobre su inocencia fueron calificados de irrisorios por el fiscal Felipe Irarrázabal, quien aseguró que en años de investigación el acto de colusión que operó por más de 17 años fue ratificado con más de 280 mails entre las empresas.
"Los gerente generales se ponían de acuerdo entre ellos, básicamente en limitar la producción, porque a través de limitar la producción obtenían un precio más alto, y se beneficiaban porque sólo ellos pueden producir el pollo fresco, y eso debiera haber influido en que el precio del pollo tenía un sobreprecio del 14 por ciento", indicó el fiscal.
La Fiscalía pidió aumentar la multa para Don Pollo y sancionar económicamente a la Asociación de Productores Avícolas (APA), organización que actuó como coordinadora del cartel.
Las empresas avícolas pidieron también dejar sin efecto la disolución de la organización gremial APA, puesto que aseguraron que ha tenido una actuación ejemplar para enfrentar temas como los sanitarios.
La Corte Suprema se tomó un plazo de entre cuatro y seis meses para entregar su resolución frente al caso.
