El controlador de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), Julio Ponce Lerou, se abrió a ceder el control de la empresa para sellar un acuerdo con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) por el uso de los terrenos del salar de Atacama, en un litigio que ya data de hace varios años.
El vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, recibió a los representantes de SQM, Potash y Pampa Calichera la s que le propusieron un cambio de gobierno corporativo de la minera no metálica, una de las principales peticiones de Corfo.
La propuesta de acuerdo contempla la salida directa e indirecta de Julio Ponce Lerou -ex yerno de Augusto Pinochet- y de sus familiares de la dirección de SQM hasta 2030, lo que implica la renuncia al voto dirimente.
Para sellar este acuerdo, ambas partes solicitaron una nueva reunión de conciliación a la Cámara de Comercio de Santiago que esperan que se concrete dentro de los próximos 30 días bajo la supervisión del árbitro Héctor Humeres.
A través de un comunicado, Corfo destacó que "si bien no es posible anticipar el resultado de este nuevo proceso de conciliación -que se realizará en el marco del arbitraje-, de ser exitoso, además de obtener las condiciones exigidas por Corfo, la ampliación futura de las cuotas de Litio, permitirá a Chile expandir significativamente la oferta de Litio, durante el periodo del contrato, facilitando el desarrollo mundial de la electromovilidad, con el consiguiente efecto positivo en la industria del cobre baja en emisiones de CO2".
"La Corporación reitera su compromiso con establecer las condiciones que cautelen el interés público, ayudando así a restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República", concluye la misiva.
El origen del conflicto
Corfo tiene en la actualidad dos contratos para la explotación del litio en el Salar de Atacama. Uno de ellos es con Albermarle (Rockwood), que explota una parta del salar y cuyo beneficio para Chile, según la estatal, supera los 10.000 millones de dólares.
El otro contrato fue suscrito con SQMS y Soquimich. El primer Gobierno de Sebastián Piñera inició acciones judiciales en 2013 por sus "graves incumplimientos a los contratos suscritos". Asimismo, un año después Corfo demandó a la empresa pidiendo al árbitro el término anticipado de los contratos y la devolución del Salar a Corfo, demanda que apoyada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en 2015.
El 2016, explica Corfo, demandó por "el incumplimiento del contrato para proyecto (contrato asociativo o joint venture), ya que SQM, desde los años '90, mediante acciones deliberadas, vulneró la integridad de los derechos del Estado en el Salar".
"Como hemos demostrado en el proceso, SQM no ha pagado al Estado las rentas, ha ocultado información y ha actuado de mala fe, afectado la integridad de la propiedad estatal del Salar, buscando impedir una licitación competitiva el 2030, año en que concluye su contrato", recordó Corfo en octubre pasado.
Qué exige Corfo
Tras la fallida audiencia de conciliación, Corfo entregó los términos que exige a SQM en los que se exige que la empresa pague el total de las comisiones que debe; la modificación de los contratos para aumentar las renta de arrendamiento al mismo nivel del contrato de Albemarle; la reserva del 25 por ciento de la producción para vender en Chile a eventuales interesados en agregar valor al litio; el cumplimiento irrestricto de las normas ambientales, y la restitución de derechos de agua y mineros al Estado de Chile.
Adicionalmente, explicó entonces Corfo, insistió en "producir una mejora significativa en el gobierno corporativo de Soquimich, ya que se produjeron infracciones muy graves al contrato", exigiendo "la pérdida del voto dirimente del presidente, con lo cual se modificaría la estructura de control de la sociedad".
De no cumplir con estas exigencias, Corfo pidió la devolución anticipada del Salar de Atacama por parte de la empresa.
