El Senado aprobó esta tarde, en último trámite, el informe de la comisión mixta que había sido ratificada por la Cámara Baja durante la mañana.
"Ahora tenemos harto trabajo en los meses que siguen", dijo la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.
Cinco horas antes del plazo establecido por ley, el Congreso Nacional despachó este martes por la tarde el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2023, el cual se centrará en seguridad ciudadana, protección social y reactivación económica.
La Sala del Senado visó con unanimidad -42 votos a favor y ninguno en contra- el informe de la comisión mixta que se constituyó para destrabar los nudos por las modificaciones que ambas corporaciones legislativas le habían hecho al primer erario fiscal propuesto por el Gobierno de Gabriel Boric.
Durante la mañana el texto había sido ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados con 135 votos a favor, apenas uno en contra y dos abstenciones.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, destacó la aprobación y afirmó que "ahora tenemos harto trabajo en los meses que siguen, porque el protocolo tiene 25 puntos más todas las cosas que también fuimos comprometiendo en los trámites posteriores".
Martínez agradeció "el trabajo colaborativo que por lo menos como Ejecutivo siempre tuvimos con esta Cámara".
APROBADO✅| Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta por el proyecto de ley de Presupuestos 2023.
— Senado Chile (@Senado_Chile) November 29, 2022
Con esto la iniciativa termina su tramitación en el Congreso Nacional y su aprobación será informada al Ejecutivo.
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🔵 AHORA: Congreso aprueba #Presupuesto2023, con foco en seguridad económica, seguridad ciudadana y seguridad social, para resolver las urgencias de las personas y avanzar hacia un Chile más justo 🇨🇱 Se despacha a ley ✅
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 29, 2022
El informe de la comisión mixta, entre otros aspectos, aumentó a 1.200 millones de pesos el presupuesto facultado para el Servicio Nacional de Migraciones para ejecutar y hacer efectivas medidas de expulsión de extranjeros del territorio nacional.
Mientras que en Sercotec se dispuso un financiamiento de 1.200 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Los recursos irán principalmente en ayuda de empresas que hayan sido afectadas en el contexto de las manifestaciones y desórdenes públicos que ocurrieron en el marco del estallido social de octubre de 2019.
Asimismo, se reemplazó la norma que impedía a sancionados por la Ley de Aula Segura obtener el beneficio de gratuidad. La nueva disposición define que el Ejecutivo establecerá una mesa de trabajo que revise las condiciones para acceder a los beneficios de gratuidad universitaria. Para ello, se evaluarán las implicancias de conductas graves de violencia en los últimos años de la educación media o superior.
