En medio de la tramitación del Presupuesto 2026, que enfrenta su recta final en el Congreso, las agrupaciones de trabajadores del sector público comenzaron a dar forma a la próxima negociación salarial.
Representantes de diversas organizaciones como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile (ANEF), el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Funcionarios de Junji (Ajunji), Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) y la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), se hicieron presentes este miércoles en el Ministerio de Hacienda para entregar sus demandas al Ejecutivo.
Tras la entrega del documento en la secretaría de Estado, la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, enfatizó la necesidad de un reajuste salarial significativo para el sector.
"En el ámbito económico, exigimos un reajuste real de un 2% para el periodo de diciembre de 2025 y noviembre de 2026, aplicable a la totalidad del sector público sin exclusiones ni regímenes", explicó la dirigente.
En esta línea, afirmó que "esta demanda es coherente con la responsabilidad que nos caracteriza y contrasta con las exorbitantes ganancias de la banca y el retail".
"Además, solicitamos el bono mensual de 63.502 pesos para las rentas inferiores a 798.000 pesos y la elevación inmediata de los ingresos mínimos por estamento", agregó San Martín.
Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, dijo que "las demandas que tenemos en esta oportunidad son justas, la imagen de los funcionarios públicos ha sido vulnerada y eso no lo podemos permitir. Nosotros somos quienes llevamos al Estado a las personas, y por lo tanto cada una de las organizaciones que está acá representada en el amplio mundo del sector público demanda respeto de las autoridades, del mundo político, para poner al centro las necesidades de un empleo decente y digno para todos y todas los trabajadores y trabajadoras".
"Esperamos que el Parlamento y el gobierno estén a la altura de la necesidad de los trabajadores públicos, de manera que nuestras demandas, que son justas, se hagan realidad", añadió.
Los detalles de las exigencias y primeros encuentros formales
Las exigencias buscan garantizar -según detallaron- justicia económica y estabilidad laboral para todos los funcionarios.
La solicitud de reajuste, que las organizaciones esperan se sitúe entre el 5 y 6%, considera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en lo que va del año ya alcanza el 3,4%, a la espera del dato de noviembre.
La primera reunión formal entre el sector público y el Gobierno para abordar estas conversaciones fue agendada para el jueves de la próxima semana en las dependencias del Ministerio de Hacienda.
Por parte del ejecutivo, se espera que los titulares de Trabajo, Giorgio Boccardo, y de otras carteras lideren el diálogo.
"A partir de eso nosotros como Ejecutivo lo vamos a evaluar y ya durante la próxima semana están planificadas reuniones de trabajo, donde vamos a empezar la negociación con la mesa del sector público. Durante todos estos años, lo que siempre ha primado es el diálogo social y la capacidad de ir construyendo acuerdos, y esperamos que esa sea la tónica de esta negociación", destacó el ministro.
CPC llama a la responsabilidad fiscal ante la "situación compleja"
En medio de las negociaciones por el reajuste salarial del sector público, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, manifestó su preocupación por las posibles repercusiones en las arcas del Estado.
"Espero el máximo de responsabilidad, tanto de los funcionarios públicos como del Gobierno, porque esto repercute en las cuentas fiscales del próximo año", afirmó en Cooperativa la ingeniera comercial, que advirtió también que ya se conoce "la situación fiscal muy compleja que existe".
La presidenta de la CPC profundizó en la causa de esta complejidad, advirtiendo que "hay todo un debate hoy en el Congreso producto de que se han sobreestimado en los años previos los ingresos fiscales. Cuando tú sobreestimas los ingresos, gastas más de lo que debes".
"En ese sentido, ponerle más presiones de gasto al fisco y a las cuentas del Estado para el próximo año es un tema que hay que analizar en su mérito, con responsabilidad y con mucha conciencia de que estamos en una situación donde tenemos que ser muy cuidadosos con los dineros que son de todos los contribuyentes y de todos los chilenos finalmente", concluyó Jiménez.
