Los senadores, que lo aprobaron en último trámite, precisaron que el texto no apunta a los vendedores ambulantes, sino que contra "las bandas de crimen organizado".
La iniciativa quedó lista para su promulgación por el Presidente de la República.
El Senado aprobó con unanimidad esta semana un proyecto que fortalece las normas para combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, por lo que quedó en condiciones de ser promulgada como ley por parte del Presidente Sebastián Piñera.
En detalle, Sala de la Cámara Alta visó en último trámite, con 29 votos a favor y sin rechazos ni abstenciones, el informe de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias sobre el texto (boletín Nº 5.069-03).
La iniciativa dota a las policías de mecanismos que faciliten la labor investigadora de esos complejos ilícitos.
En ese sentido, autoriza a las policías, a los inspectores municipales y a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar el cumplimiento de las normas; obliga a las municipalidades a establecer en sus ordenanzas los lugares en los cuales se puede realizar el comercio ambulante y permite tener un sistema de identificación de las personas autorizadas, y establece como una sanción específica de la Ley del Tránsito el ejercicio del comercio sin permiso, entre otras materias.
En el debate los parlamentarios aclararon que el objetivo no es perseguir a los vendedores ambulantes, sino que "entregar herramientas para identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado" que se nutren de este marco gris, sostuvo el senador José Miguel Insulza (PS), presidente de la Comisión Mixta.
"Permite aplicar a los jefes de las bandas criminales la figura de asociación ilícita y sancionarlos con penas privativas de libertad", complementó.
APROBADO✅| Sala del Senado aprobó informe de la Comisión Mixta sobre proyecto de ley sobre comercio ilegal y la piratería.
— Senado Chile (@Senado_Chile) November 30, 2021
El proyecto es enviado a la @camara_cl para que ésta lo remita al Ejecutivo, comunicándole su aprobación por el Congreso.
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Desde el Gobierno valoraron el despacho del proyecto y la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, expuso que "al año tenemos transacciones en comercio ilegal que bordean los mil millones de dólares; tenemos no pago de IVA al Fisco y pérdidas por 160 millones".
"Existen evidentes perjuicios por la ocupación que significa el comercio ilegal en los espacios públicos; los delitos asociados que este conlleva, por ejemplo, uso de armas de fuego, narcotráfico, y también la calidad de los productos, que muchas veces afectan a los consumidores porque no se puede tener ninguna certificación de ello", concluyó.
