A pesar de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indica que la ley 20.403 -de 2009- faculta a su cartera para haber solicitado a la Superintendencia de Pensiones que le entregara los datos privados de quienes retiraron el 10 por ciento de su AFP, la petición incumple una norma constitucional promulgada en 2018.
La reforma aprobada ese año en amplia mayoría -en forma unánime en su etapa final en el Senado- eleva a rango constitucional el derecho a la protección de los datos privados, que desde entonces aparece en el artículo 19 número 4 de la Carta Fundamental.
Por tanto, el procedimiento llevado a cabo por Hacienda "es contrario a las normas constitucionales", según el integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta Francisco Huenchumilla (DC), quien detalló que en ese artículo "se establece específicamente la protección de los datos personales, y además, la ley que regula esto también establece normas al respecto".
"En consecuencia, yo diría que, a lo menos, la petición del señor ministro de Hacienda es ilegal, contraria también a las disposiciones de la Constitución", añadió el senador, llamando a Briones a "ser más riguroso".
¿ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL? "PRESIÓN INDEBIDA", CRITICA MOREIRA
De momento, parlamentarios como el socialista Leonardo Soto esperan los pronunciamientos de la Contraloría y el Consejo para la Transparencia en la materia para presentar -o no- una acusación constitucional contra Ignacio Briones.
Desde el oficialismo el senador UDI Iván Moreira deploró una eventual acusación constitucional y la tachó como "una presión indebida de la oposición que lo único que quiere, por cualquier vía, es destruir y de alguna manera derrocar al Gobierno".
Aquello, pese a que el gremialista -que apoyó el primer retiro del 10%- cuestionó la solicitud del ministro Briones. "Creo que ha actuado de buena fe, sin embargo, es un error, hoy las autoridades de Gobierno deben tener mucho olfato político, hay mucha sensibilidad, y pedir estos datos en medio de este escenario no fue el mejor momento".
En paralelo, en nombre de la oposición el diputado Gabriel Silber (DC) exigió la salida del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, luego de que el ministro confirmara en Cooperativa que su cartera ya recibió la base de datos solicitada.
