La Dirección de Presupuestos advirtió que el proyecto impactará las arcas públicas al disminuir la recaudación y obligar mayor gasto.
Una proyección de aquí al año 2100 fue enviada al Senado a sólo horas de la votación en Sala.
La Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, estima que el impacto fiscal del histórico proyecto para el retiro anticipado de las pensiones de forma excepcional, en medio de la crisis económica generada por la pandemia, alcanza los 6.002 millones de dólares, que equivale aproximadamente a 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile.
La iniciativa, presentada por la oposición, permite retirar de manera anticipada hasta un 10 por ciento de los ahorros previsionales de los afiliados y busca aliviar a la castigada clase media.
De acuerdo a un oficio firmado por el director de Presupuesto, Matías Acevedo, enviado este miércoles a la Cámara Alta ad portas de la votación del proyecto en la Sala, la reforma "genera un impacto fiscal tanto por menor recaudación, así como mayor gasto", sumado "el valor presente del gasto fiscal".
La Dipres analizó el efecto directo en el corto y largo plazo que tendría este retiro excepcional basándose en cuatro impactos: aquel que se da en el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), el no pago de impuesto por los montos retirados, el efecto tributario por mayor uso de los Aportes Previsionales Voluntarios (APV) y el gasto adicional por el retiro en los actuales pensionados.
En primer lugar, advierte que "el impacto tributario de permitir que todos los contribuyentes retiren el 10 por ciento de los fondos de sus cuentas previsionales, más el impacto de una menor tributación por uso del APV Régimen B, se generaría una pérdida en recaudación fiscal por US$1.056 millones que hubiesen tenido que contribuir el 25% de las personas con más altos ingresos, de los cuales un 60% son beneficios para el 2,4% de más altos ingresos".
"Si a esto se suma el impacto de quienes accedan a un APV Régimen A, el monto total asciende a US$2.126 millones. Además, se releva que el retiro del 10% de saldo de los pensionados actuales genera un efecto fiscal directo en el Sistema de Pensiones Solidarias que, en términos de valor presente, equivale a un gasto mayor de US355 millones", agrega el organismo.
Según el estudio, el mayor gasto en el SPS será de 10.776 millones de dólares al año 2100, cifra que es menor al total de retiros del 10 por ciento que estima la Dipres, de unos 18.461 millones de dólares.
"En términos de valor presente, el mayor gasto fiscal en el SPS equivale a US$3.408 millones si se considera una tasa de descuento equivalente al endeudamiento a 10 años (2,1%-US$). De la misma forma, al considerar el endeudamiento a 30 años (2,8%-US$) el valor presente de los mayores compromisos equivale a US$2.733 millones. Finalmente, si se considera una tasa a pesos reales de 3%, el valor presente de esos flujos equivale a US$3.521 millones", detalla el estudio.
Respecto al efecto del no pago de impuestos por retiro, el cálculo de la Dipres arroja una pérdida en recaudación tributaria total de 754 millones de dólares.
"No hay beneficiarios en el tramo exento del impuesto Global Complementario, por lo que se beneficia solo el 25% de contribuyentes de ingresos más altos. Con todo, dicho monto no se distribuye uniformemente entre los contribuyentes beneficiados, sino que favorece en mayor proporción a los de más altos ingresos. En particular, el 45% del costo tributario total, es decir, US$340 millones, beneficiaría a 2,4% de los contribuyentes de más altos ingresos", señala el oficio.
En cuarto término, la Dipres estimó el efecto tributario por Aporte Previsional Voluntario. "En efecto, el APV puede funcionar como crédito tributario o puede ser afecto a un beneficio del 15%, de cargo fiscal, sobre lo aportado en APV (lo que comúnmente se conoce como modalidades A o B). Por lo anterior, es posible calcular un efecto fiscal adicional en términos de crédito y de aportes adicionales efectuado por el Fisco. Como se puede comprender, no todas las personas serán susceptibles a considerar este elemento. Sin embargo, se puede efectuar un cálculo teniendo en consideraciones algunos supuestos", explica.
"A modo de resumen, el costo fiscal respecto del APV Régimen A, alcanza un monto de hasta US$1.069, mientras que el Régimen B llega a los US$302, lo que totaliza los US$1.372", expone.
Finalmente, respecto al gasto adicional por retiro de los actuales pensionados. La Dipres recuerda que "las personas que están bajo la modalidad de pensión final garantizada, ya sea por haber entrado al SPS bajo la ley corta o, habiendo entrado antes, teniendo una PAFE inferior a la PMAS, tendrán una pensión final garantizada. Esto quiere decir, que un retiro de los fondos generará un mayor gasto fiscal por la vía de un menor saldo disponible para el financiamiento de la pensión final".
"Para el año 2020, se proyecta un efecto de medio año. Los años siguientes se proyecta un efecto a año completo. El gasto es decreciente por dos razones, la primera es la mortalidad del grupo de actuales pensionados en el SPS y la segunda es por reducción del retiro programado en el tiempo, que implica una brecha menor entre el retiro programado proyectado con y sin retiro extraordinario de fondos", indica.
"En términos de valor presente, este mayor gasto equivale a US$355 millones (descontando al 3%)", concluyó.
En medio del debate del histórico proyecto, el ex superintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, aseguró que el Gobierno, aunque se opone a la reforma, debe liderar la coordinación en pro de un mecanismo para -en caso de que la iniciativa se convierta en ley- entregar los ahorros previsionales evitando un shock mayor.
"Las AFP tienen la información de sus pensionados, pero no tienen la información de las cuentas corrientes o de débito de los 11 millones de personas que están afiliados al sistema", dijo el economista.
"Lo que haga le va a afectar como Gobierno, entonces es importante que tome cartas en el asunto. Las transferencias de dinero, por ejemplo, ¿cómo las van a hacer? Si el problema es que la gente necesita la plata hoy, entonces tenemos que buscar un mecanismo para entregar esos recursos lo antes posible pero sin que haya escándalos, como que haya gente a la que la plata vaya a otros lados o no le llegue o que veamos colas gigantescas", agregó.
Previo a la votación del proyecto de reforma en el Senado, el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, destacó que "democráticamente, a ellos les corresponde tomar esta decisión", pero pidió que los congresistas que "ojalá se haga de la forma mejor posible, considerando todos los ámbitos, no sólo de corto plazo, y comparar las alternativas que hay".
"Es una decisión que ya está lanzada y a nosotros nos van a corresponder como instituciones hacer los aportes cuando corresponda, pero vamos a ver como se da. Lo que esperaríamos es que se haga con una cualidad de tener antecedentes reales y no por una imposición, porque nos levantamos y pensamos que hay que hacerlo, habiendo otras soluciones que quizás son mejores", añadió el ejecutivo.
En tanto, desde el empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, contrario a la idea de permitir el retiro de fondos, da por contado que la reforma se aprobará en el Senado y pidió considerar que el aporte sea sólo para aquellos que lo necesitan e insistió que "hay mejores soluciones que recurrir a las futuras pensiones".
"De todo sentido y lógica, debiera ser que esto sea para aquellas personas que realmente lo necesitan y que no sea una cosa masiva. Espero que sea de la mejor forma como se apruebe, que sea de la manera más adecuada y que cumpla el propósito", sostuvo el dirigente.
