El organismo planteó "buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU".
La Cámara de Diputados aprobó esta semana el proyecto del Gobierno, pese a las dudas en torno al finanaciamiento.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió este jueves su informe al Congreso respecto al financiamiento del proyecto del Ejecutivo para establecer una Pensión Garantizada Universal (PGU), iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara pese a los reparos por los recursos para sostener esta política pública.
El organismo, dirigido por Jorge Deormeaux, advirtió que es "lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente al 0,95 por ciento del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU".
El organismo planteó "ciertas precauciones" por lo que sugirió "revisar y reemplazar algunas fuentes de financiamiento con el objeto de asegurar que esta política pública pueda implementarse adecuada y sosteniblemente".
Respecto a la reducción y eliminación de exenciones tributarias, el Consejo consideró que "corresponde a nuevos ingresos permanentes, por lo que su efecto para financiar el gasto de la PGU no tiene impacto sobre el balance estructural ni en la deuda bruta o neta del gobierno. Sin embargo, advierte sobre la fecha de entrada en vigencia de esos cambios a las exenciones, ya que los ingresos que provendrían de esa fuente dependen de la aprobación de un proyecto separado del que crea la PGU".
En ese sentido, la CFA sugirió "buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU".
En cuanto a la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en el Presupuesto 2022, el organismo planteó que su uso para la PGU no significaría conceptualmente un deterioro para el balance estructural, al menos respecto de lo ya proyectado hasta 2026, por lo que, en un principio, no afectaría la deuda bruta ni neta del gobierno. Esto, asumiendo que la "Ley larga de pensiones" no se aprueba, ya que no podría usarse la misma fuente de financiamiento para dos proyectos distintos.
Sin embargo, el CFA identificó "una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento y plantea que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural".
Además, respecto a la disminución del aporte mínimo obligatorio que debe realizarse anualmente al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), que pasaría de 0,2% a 0,1% del PIB, el CFA dice que "implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros, para destinarla a gasto corriente en pensiones".
Por ello, el Consejo estimó que "en cuanto a los efectos en las variables fiscales del gasto en PGU financiado con el menor aporte al FRP, ello implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados". Debido a esto, la CFA sugirió su reemplazo por otra fuente de financiamiento con características de permanente.
