Una cámara de seguridad registró cuando tres hombres se acercaron al lugar y dejaron un artefacto que detonó dos minutos después.
Los organismo de investigación judicial se encuentran indagando el delito.
A fines de julio se había registrado un suceso similar en el despacho de la oficina de una diputada.
La Televisora de Costa Rica denunció este domingo que tres hombres colocaron un artefacto explosivo que minutos después detonó frente a sus instalaciones ubicadas en Sabana, en San José, provocando daños en el inmueble.
"En los videos de seguridad se constata cuando tres hombres cruzan la calle y durante unos minutos colocan el explosivo en el suelo. Luego se retiran de la escena y dos minutos después, el aparato explota, provocando que un vidrio se rompiera en el edificio", explicó Televisora de Costa Rica en una nota de prensa.
Los hechos ocurrieron cerca de la media noche del sábado en la esquina suroeste del edificio, ubicada frente al Parque Metropolitano La Sabana.
Los agentes del Organismo de Investigación Judicial llegaron al sitio y cercaron la zona para investigar lo sucedido y dar con los sujetos sospechosos del atentado.
No es un caso aislado
A finales del mes de junio, tres hombres también colocaron un artefacto explosivo en el despacho de la oficina de la diputada del Partido Integración Nacional, Zoila Volio, en la Asamblea Legislativa.
La bomba causó daños en el despacho, así como en una de las ventanas. La diputada indicó en ese momento que no se descarta que el ataque se diera como represalia a sus funciones.
El pasado mes de mayo el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó una reforma a la Ley de Armas y Explosivos que endurece los castigos de prisión para quien venda o posea un arma de fuego ilegal o explosivo.
La reforma establece ocho años de prisión, cuatro años más que antes, para quien adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al territorio nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme o utilice armas de fuego prohibidas o sus componentes.
Además, la reforma de ley aumenta de tres a cinco años de cárcel el castigo para quien tenga un arma permitida pero sin inscribir.
