El representante de la ATIC, Jorge Galindo, expresó que los bienes asegurados pertenecen a Rosa Bonilla, un cuñado de ella y su ex secretario privado.
Rosa Elena Bonilla está en prisión desde febrero de 2018, por apropiación indebida y fraude.
Las autoridades de Honduras comenzaron este miércoles el embargo de bienes de la ex primera dama hondureña Rosa Elena Bonilla, quien se encuentra en prisión desde febrero de 2018 por presunta corrupción, informaron fuentes oficiales.
El portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Honduras, Jorge Galindo, dijo a periodistas que los bienes asegurados pertenecen a Bonilla, un cuñado de ella, Mauricio Moña, y su exsecretario privado, Saúl Escobar.
El aseguramiento de las propiedades, para que no puedan ser vendidas ni traspasadas, es coordinado por la Unidad Especial de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Ambas entidades solicitaron al Juzgado de Privación de Dominio medidas cautelares de origen sobre los bienes valorados en unos 385.000 dólares (equivalente a unos 255 millones de pesos chilenos), señala un comunicado de la Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El objetivo de asegurar los bienes de los acusados es "evitar que exista una enajenación que obstaculice el posterior comiso de estos por parte del Estado de Honduras".
Presos por delitos de fraude
La esposa del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) es acusada de apropiación indebida y fraude, mientras que Mora y Escobar enfrentan juicio desde febrero por seis delitos de fraude, según las autoridades.
La ex primera dama y su cuñado fueron arrestados luego de una investigación del Ministerio Público, coordinada con la Maccih, mientras que su ex secretario privado se entregó en marzo de 2018 y desde entonces se encuentra recluido en una prisión cercana a Tegucigalpa.
Los acusados, según una denuncia del Ministerio Público, se habrían apoderado de más de 12 millones de lempiras (unos 324 millones de pesos chilenos) y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales.
