El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convocó este jueves a la reanudación del diálogo nacional para el próximo miércoles 27 de febrero, con el fin de buscar una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y otros miles en el exilio.
Durante un acto oficial, el mandatario explicó que a ese acuerdo llegó con un grupo de prominentes empresarios nicaragüenses con los que se reunió el sábado pasado, con la presencia como invitados del cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.
El diálogo entre el gobierno sandinista con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadores y testigos, ya había comenzado en mayo pasado, pero fue abandonado de forma unilateral por Ortega en julio.
Ortega dijo a través de cadena de radio y televisión que la mesa del diálogo se instalará ahora con menos actores y que está vez no será televisada, porque "eso no es correcto en una negociación".
El gobernante contó que el sábado pasado invitó a una reunión a un grupo de empresarios "para hablar del tema de la estabilidad, de la seguridad, de la paz, del tema económico, y lógicamente allí salen los temas políticos", con los que abordó la necesidad de reiniciar el diálogo.
Ambas partes, según dijo, se comprometieron a "abrir una nueva ruta" con el fin de recuperar la paz, la seguridad y la estabilidad de Nicaragua.
Ortega indicó que su contraparte en el diálogo dará a conocer el nombre de los miembros que integrarán la mesa.
Los planteamientos de diversos sectores nacionales e internacionales, y que Ortega ha desconocido, coinciden en que el gobierno debe cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellas, la liberación de los manifestantes presos, el fin de la represión y garantizar las libertades públicas.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco -a la que pertenece la Alianza Cívica, que a su vez aglomera los intereses de los empresarios, campesinos, estudiantes, académicos, agricultores y otros sectores- respaldó un posible diálogo en términos similares a los del grupo, con la liberación de los manifestantes y la restitución de las libertades públicas como prioridad.
La crisis sociopolítica que Nicaragua vive desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios, pero Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
