El Gobierno de Argentina no renovará alrededor de 5.000 contratos públicos y revisará más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades, según informó este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada.
Respecto a los contratos públicos, Adorni declaró que aquellos dados de alta en 2023 que finalicen el próximo 31 de diciembre no serán renovados en 2024, mientras que el resto entrarán en un proceso de revisión de noventa días.
Según el portavoz, esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración federal y a los de diversos entes públicos de Argentina, y que sólo estarán excluidos los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales.
En cuanto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de éstos y prevé, según cálculos de investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera "irregular".
De acuerdo al portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos (más de 11.000 millones de pesos chilenos).
"Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero", enfatizó Adorni, quien además defendió que el objetivo del Gobierno argentino es "transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que (los planes sociales) dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales".
Precisamente, una parte de estas organizaciones sociales y sindicales fueron las que se manifestaron el miércoles pasado en Buenos Aires, suceso marcado por la ausencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), la poderosa y mayoritaria federación de sindicatos argentinos, de orientación peronista.
Se espera que los dirigentes y simpatizantes cegetistas se movilicen mañana en Buenos Aires en protesta por el decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei, pendiente de ser aprobado por las cámaras argentinas y que supone la práctica desregulación de toda la economía del país.
