Se denunciaron cobros de hasta seis mil dólares para acceder a mejores celdas.
Además, se descubrió el ingreso de alcohol y mujeres en complicidad con guardias.
Las cárceles de Bolivia presentan un hacinamiento del 330 por ciento.
La nueva autoridad penitenciaria en Bolivia anunció medidas para mejorar la imagen de las cárceles en el país, tras denuncias de cobros de hasta 6.000 dólares (cuatro millones de pesos) por una celda con la supuesta complicidad de guardias de prisiones.
"Una nueva imagen, una nueva cara", subrayó el nuevo director de Régimen Penitenciario en el país, Samuel Villegas, en declaraciones a los medios sobre las "medidas de control más restrictivas" que pretende implantar.
El nuevo responsable penitenciario recalcó que habrá más control para evitar cobros a reclusos por ocupar celdas, por parte de otros reos, y a sus familiares para ingresar a visitarlos en un penal.
Medios bolivianos como el diario Página Siete publicaron denuncias en el penal de San Pedro en La Paz de cobros de hasta 6.000 dólares por la venta de celdas recién construidas, además del ingreso de alcohol y mujeres en complicidad con uno de los guardias.
Villegas comentó que los internos y sus familias suelen temer represalias por estas denuncias, por lo que se aplicarán "mecanismos de protección", además de los procesos disciplinarios internos y los penales en el ámbito judicial si llega el caso.
Villegas fue nombrado en reemplazo de Jorge López, que este martes fue cesado tras publicarse las denuncias.
Las cárceles de Bolivia presentan un hacinamiento del 330 por ciento, según un informe presentado el mes pasado en el Parlamento del país.
El estudio reveló que existen 19.161 reos, de ellos 1.612 mujeres, un 330 por ciento por encima de la capacidad de las cárceles, para 5.805 reclusos.
De ellos, el 68 por ciento son presos preventivos, con lo que cerca de siete de cada 10 está en espera de condena, un 21 por ciento por delitos de robo, casi el 19 por ciento por los relacionados con narcotráfico y alrededor de un 18 por ciento por violencia sexual contra menores.
El Parlamento boliviano tramita una Ley de Abreviación Procesal Penal que busca modificar sustancialmente el régimen de medidas cautelares, para revertir esa situación carcelaria y que la detención preventiva no sea ni prioritaria ni indefinida.
