Con el objetivo de paliar la crisis política en el Ministerio de Justicia, provocada por la rebaja de penas a condenados por abusos sexuales y violaciones a menores de edad, el Gobierno lideró este lunes una reunión con las autoridades del Congreso y los timoneles de diversos partidos para coordinar una agenda legislativa prioritaria en esta materia.
El encuentro, convocado por el Presidente José Antonio Kast junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó a los titulares de Interior (Claudio Alvarado) y Segpres (José García Ruminot), a la presidenta del Senado (Paulina Núñez), a la vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados y a los líderes de las comisiones de Seguridad, Constitución y Derechos Humanos.
El compromiso central de la cita fue acordar la tramitación de un paquete de reformas normativas que deberá ser despachado en un plazo máximo de 15 días.
Los tres ejes de la reforma penal
La propuesta legislativa busca reformar integralmente los criterios para la concesión de beneficios penitenciarios a través de tres pilares fundamentales: en primer término, el proyecto apunta a garantizar que las víctimas sean parte activa del proceso y tengan una consideración primordial dentro del sistema penal.
En segundo lugar, la iniciativa busca establecer un marco legal explícito que no deje margen de duda en torno a su aplicación retroactiva. Esta medida responde a las interpretaciones jurídicas que facilitaron la concesión de rebajas carcelarias a personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra menores.
El tercer eje contempla la creación de tribunales ejecutores de penas, un cambio estructural que trasladará la facultad de otorgar beneficios carcelarios desde los comités de rebaja y las visaciones del Ministerio de Justicia hacia sedes judiciales reguladas por ley.
En paralelo, desde la cartera de Justicia se analiza una vía administrativa o legal para anular las reducciones de penas ya concedidas en los 56 decretos que originaron la polémica.
Propuesta de derogación y exigencia de disculpas
El timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, planteó durante el cónclave que la salida no debe limitarse a reformas parciales, sino que debe apuntar a la revocación total de la normativa base que habilita las rebajas de penas en este tipo de circunstancias penales.
Por su parte, la presidenta del Partido de la Gente (PDG), Denisse Catalán, instaló la necesidad de que el ministro Rabat ofrezca disculpas públicas.
Hasta ahora, la defensa del secretario de Estado se ha ceñido a sostener que su actuación se apegó estrictamente a la Constitución y a admitir que en el plano humano la situación pudo haberse gestionado de mejor manera; sin embargo, ha evitado calificar el hecho como un error político.
Tramitación exprés en el Parlamento e incertidumbre ministerial
La agenda de reformas encontrará un trámite prioritario en el Congreso. La Comisión de Constitución del Senado iniciará la revisión de una iniciativa complementaria con el propósito de fusionarla con el proyecto que remita el Ejecutivo a la Cámara Alta, permitiendo que la nueva normativa sea aprobada sin dilaciones.
En el Parlamento existe el diagnóstico común de que la gravedad del caso forzará un respaldo transversal e inmediato de todas las fuerzas políticas, impidiendo cualquier bloqueo a las modificaciones legales.
Sin embargo, pese al itinerario legislativo acordado para cerrar los vacíos en materia penal, en el oficialismo persiste la incertidumbre sobre si estas medidas serán suficientes para neutralizar el impacto político sobre el Ministerio de Justicia y garantizar la continuidad de Rabat al mando de la cartera.
