Luego de dos años transcurridos de su victoria electoral en 2021, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afronta un escenario adverso y complicado, sumido en un proceso de juicio político impulsado por la oposición, que puede sacarlo del poder antes que llegue a la mitad de su mandato.
El triunfo electoral conseguido el 11 de abril de 2021, en su tercer intento por alcanzar la Presidencia de Ecuador, ya predecía a Lasso un mandato difícil al no contar los conservadores con mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), algo que se ha agudizado al punto de quedarse prácticamente sin apoyos.
Tras imponerse en las urnas al candidato correísta Andrés Aráuz, el oficialismo no logró consolidar ninguna de las alianzas que ha intentado tejer en la Asamblea para generar una mayoría que le permita sacar adelante sus principales propuestas, como la Ley de Inversiones, uno de los proyectos insignia del mandatario.
Una muestra de ello es que el informe que recomendaba abrir un juicio político a Lasso fue aprobado con 104 votos a favor, que suponen el 75,9 por ciento de los 137 parlamentarios que componen el poder Legislativo.
Luego, la solicitud para concretar el "impeachment" estuvo impulsada por el correísmo, que es la fuerza más numerosa en la Cámara, pero también por el derechista Partido Social Cristiano (PSC), que fue el socio electoral de Lasso y que ahora reniega de esa alianza.
A ellos se le sumaron otros parlamentarios de las bancadas izquierdistas del indigenista movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y de la formación Izquierda Democrática (ID).
PRECEDENTE FAVORABLE A LASSO
En junio de 2022, Lasso ya salvó una moción para destituirlo, en medio de las protestas sociales lideradas por la Conaie contra el encarecimiento de la vida y la política económica del gobierno, centrada en ajustar el gasto y las cuentas para cumplir las metas del acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En aquella ocasión, la oposición reunió 80 votos a favor, y se quedó a 12 de los 92 necesarios para sacar adelante la iniciativa, equivalente a dos tercios del número de escaños de la Cámara.
Ahora, los promotores del juicio político contra el presidente aseguran tener los 92 votos necesarios para retirar la investidura presidencial a Lasso.
La oposición se siente reforzada luego de la cita electoral del 5 de febrero, en donde el gobierno perdió el referéndum que había planteado para aplicar reformas a la Constitución en materia de seguridad, democracia, instituciones y ambiente.
Y al mismo tiempo, la Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y Pachakutik, fueron los grandes triunfadores de las elecciones locales, que son vistas comúnmente como un termómetro de cara a los siguientes votaciones presidenciales, previstos para 2025.
De materializarse las intenciones de la oposición, Lasso se quedaría probablemente sin poder llegar a la mitad de su mandato, que se cumple el 24 de mayo, pues el calendario precide que el juicio en el pleno de la Asamblea podría llevarse a cabo a inicios de ese mes.
En ese caso, sería el vicepresidente, Alfredo Borrero, el que debería suceder a Lasso con la misión de completar el mandato presidencial hasta 2025, aunque a Lasso aún le queda la opción de la llamada "muerte cruzada", por la cual disuelve el Parlamento, llama a elecciones generales y gobierna por decreto mientras asume el nuevo gobernante, si bien ha dejado entrever que, de momento, no va a recurrir a ella.
ACUSACIÓN POR PRESUNTA MALVERSACIÓN
Actualmente el proceso de juicio político se encuentra en manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que debe realizar un informe con las pruebas presentadas por la acusación y los alegatos de la defensa del mandatario.
El presidente de esa comisión, Fernando Villavicencio, un parlamentario independiente pero afín al oficialismo, ha sido muy enfático en señalar que el comité que encabeza se centrará en la acusación de presunto peculado (malversación) y no en la de concusión, que fue desestimada por la Corte Constitucional.
Esto implica juzgar a Lasso por unos contratos de la naviera estatal Flopec, firmados en 2018 y 2020, antes de su llegada a la Presidencia, pero de los que supuestamente fue advertido de irregularidades que no impidió.
