El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció restricciones a las transacciones con el tribunal.
La CPI denunció un "ataque al Estado de derecho", mientras la ONU y varios países europeos expresaron su rechazo a las medidas.
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.
El Comité Nobel noruego concedió hoy el galardón a la jurista que ayudó a crear el CPI hace dos décadas y que formó parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza.
"Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI", anunciaron en un comunicado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.
"Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que "durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos".
"Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra", advirtió Rubio en un mensaje de video publicado en redes sociales.
Rubio rechazó "el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional" y aseguró que "Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses".
Además, mostró la determinación de Estados Unidos de continuar su campaña para "desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados".
Las nuevas sanciones implican, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, así como restricciones a las transacciones con la institución.
Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a sancionar a responsables de la CPI que participaran en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló expresamente las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, pero el tribunal tiene jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en territorios de países miembros, como Palestina o Afganistán.
Netanyahu acusó al Comité del Nobel de "perder su brújula moral", al otorgar su "máximo galardón a una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío".
Asimismo, elogió a Trump por "tomar esta decisión crítica" de sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI).
La Corte Penal Internacional rechazó "firmemente" las sanciones y advirtió de que la medida supone "un ataque al Estado de derecho" que busca "perturbar" su funcionamiento e "intimidar" a quienes trabajan en la CPI.
"Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada", denunció la CPI, que recordó que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros.
La Corte investiga y juzga a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión cuando tiene la jurisdicción que le otorga su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó las sanciones impuestas y alertó de su impacto en la capacidad del tribunal para cumplir sus funciones, en particular en los casos remitidos por el Consejo de Seguridad y los países firmantes del Estatuto de Roma.
Guterres se mostró "profundamente alarmado" por las consecuencias que las medidas estadounidenses pueden tener para el conjunto de la Corte, según un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric.
"Como países comprometidos a respaldar la CPI, lamentamos y expresamos nuestro profundo desacuerdo ante el anuncio de sanciones", afirmó un comunicado emitido por Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido.
La Comisión Europea dijo estar "dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor".
Mientras que la misión de la Unión Africana (UA) ante las Naciones Unidas apoyó la decisión del Comité del Nóbel y felicitó a la jurista por haber ganado el Premio Nobel de la Paz 2026 y por su "dedicación" a la justicia y a los derechos humanos.
