"Esta ley daba al presidente autoridad ilimitada de crear listas negras. Era una reminiscencia de la era McCarthy", afirmó el abogado que logró la decisión judicial contraria a la Casa Blanca.
Una jueza federal rechazó, por considerarla inconstitucionalmente vaga, la competencia del Gobierno de Estados Unidos de designar a ciertos grupos como organizaciones terroristas, informaron fuentes judiciales.
La decisión, emitida en Los Angeles (California), respondió a una demanda del grupo "Humanitarian Law Project", que cuestionó las facultades del presidente George W. Bush de bloquear los activos de grupos o individuos "especialmente designados como terroristas mundiales" tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Este caso estaba referido concretamente a los Tigres de Liberación de la Patria Tamil (LTTE), un grupo separatista de Sri Lanka, y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PTK), una organización política que representa a los kurdos en Turquía.
La decisión prohibió que el Gobierno bloquee los fondos de esos dos grupos y anuló una disposición ejecutiva que autorizaba a la Secretaría del Tesoro designar como terroristas a cualquiera que "ayude, patrocine o proporcione servicios" a ciertas organizaciones.
"Esta ley daba al presidente autoridad ilimitada de crear listas negras. Era una reminiscencia de la era McCarthy", señaló David Cole, abogado del Centro de Derechos Constitucionales que representó a "Humanitarian Law Project" ante la jueza.
Durante esa era, entre 1950 y 1954, el Gobierno de EE.UU. creó listas negras de quienes eran considerados comunistas o simpatizantes del comunismo ante la sospecha de que proyectaban promover la subversión en el país.
"Ni siquiera en la lucha contra el terrorismo el presidente puede tener una autoridad sin controles para poner en la lista negra a cualquiera que considere mala persona o mal grupo. No se puede suponer culpabilidad por asociación", señaló.
Pero Cole aclaró que la decisión tomada la semana pasada y anunciada este miércoles no invalidó la designación de grupos terroristas dada por el Gobierno federal a otras organizaciones.
Un portavoz del Departamento de Justicia en Washington señaló que la decisión de la juez es objeto de análisis y que hasta el momento no se ha decidido cuál será el próximo paso del Gobierno. (EFE)
