Grupo sobre Desapariciones Forzadas recalcó que todo Estado tiene la obligación de investigar.
Esta tarea "no puede darse sin la clarificación de cada caso individual", recalcaron.
El Grupo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas mostró este martes su "preocupación" por la suspensión en sus funciones del juez español Baltasar Garzón -cursada tras su intento de investigar los crímenes del franquismo- al asegurar que todo Estado tiene la obligación de investigar el paradero de los desaparecidos.
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| Garzón fue inhabilitado por su intento de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. (Foto: EFE) |
"El Grupo ha dejado claro que una desaparición forzada es una ofensa continua y una violación de derechos humanos mientras no se conozca el paradero de la víctima. El Grupo considera que el Estado tiene la obligación de esclarecer la verdad sobre lo que pasó con la persona desaparecida", dijo el organismo en un comunicado emitido durante esta jornada.
La posición de la ONU es que los Estados se deben inhibir de legislar y aplicar leyes de amnistía "que evitan que los ejecutores de las desapariciones forzadas puedan ser procesados y sancionados.
Una ley de amnistía actúa contra la Declaración sobre la Protección de las Personas contra Desapariciones Forzadas cuando un Estado acaba con su obligación de investigar, perseguir y castigar a los responsables de las desapariciones, incluso en los casos que hayan sido apoyadas en referéndum o en una consulta similar", explicita el comunicado.
"La reconciliación entre el Estado y las víctimas de las desapariciones forzadas no puede darse sin la clarificación de cada caso individual", concluye el texto.
El juez español Baltasar Garzón fue sancionado tras ser acusado, entre otras causas, de prevaricación por supuestamente haber actuado a sabiendas de que se excedía en sus funciones, al querer investigar el paradero de unos 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil de España (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
En 1977 España declaró una Ley de Amnistía sobre lo ocurrido en los 40 años anteriores, en base a la cual el Tribunal Supremo decidió la suspensión de Garzón de sus funciones.
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