Se propone la imprescriptibilidad de los delitos de incesto y establecer penas de al menos 30 años de cárcel.
La comisión parlamentaria que investigó la respuesta de la justicia gala al incesto presentó un informe que lo califica como un "fenómeno masivo y sistémico" en Francia, y denunció la ineficacia del sistema judicial para abordar un problema que causa 160.000 víctimas cada año.
Entre 2016 y 2025, según el reporte, el número de menores registrados como víctimas de violencia sexual intrafamiliar aumentó 170%. El estudio calcula que 160.000 niños son víctimas de violencia sexual cada año en Francia y pone de relieve que en el 81% de los casos el agresor es un miembro de la familia.
Las víctimas tienen, de promedio, siete años y medio cuando experimentan por primera vez la violencia sexual intrafamiliar, cometida en 97% por hombres, según el informe.
Entre las principales propuestas, de las 49 formuladas por el documento, figura también la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de incesto cometidos contra menores, de modo que las víctimas puedan presentar denuncias en cualquier momento de su vida.
La comisión parlamentaria aconseja también despenalizar la negativa del padre protector a presentar a un menor para visitas en casos de presunto abuso sexual y exigir que se tenga en cuenta la negativa del menor a ver a su progenitor.
En materia de protección infantil, el informe recomienda la adopción urgente de una orden de protección del menor para garantizar el alejamiento inmediato del niño de situaciones de riesgo y establece como principio que, cuando existan denuncias de violencia incestuosa dentro del hogar, sea el presunto agresor quien abandone el domicilio familiar.
Pide además una orden de protección infantil que garantice la seguridad inmediata del niño tras la denuncia y exige que las principales diligencias de investigación se lleven a cabo en un plazo de tres meses desde la denuncia.
El informe también plantea aumentar hasta 30 años de prisión la pena por violación incestuosa de un menor, crear un apartado específico sobre el incesto en el Código Penal y ampliar la tipificación de estos delitos para incluir a nuevos miembros del entorno familiar.
La comisión propone además crear un delito específico de incesto, independiente de los delitos sexuales, que permita sancionar conductas que generen un "clima incestuoso", así como establecer un delito autónomo de control coercitivo, incluyendo la exposición de menores a este tipo de violencia.
Entre las recomendaciones figura igualmente reconocer los trastornos psicotraumáticos como prueba médico-legal, facilitar el uso de protocolos especializados para la toma de declaraciones de menores víctimas, permitir pruebas de neuroimagen cerebral en determinados casos y desarrollar herramientas tecnológicas para mejorar la recopilación y conservación de pruebas.
La comisión propone asimismo garantizar asistencia letrada gratuita a todos los menores víctimas de violencia sexual desde la presentación de la denuncia, evitar que los niños tengan que enfrentarse a su presunto agresor durante el juicio y generalizar el uso de perros de asistencia judicial en los tribunales.
El informe dedica un apartado a la prevención, con campañas nacionales de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales, advertencias en programas televisivos que representen situaciones de incesto, formación para todos los profesionales en contacto con menores y el fortalecimiento de los dispositivos especializados de atención psicológica a las víctimas.
