Tokio acusó este viernes a Seúl de "derrocar los fundamentos legales" establecidos en 1965 entre ambos países para normalizar sus relaciones diplomáticas, a raíz de la disputa sobre las compensaciones a trabajadores surcoreanos esclavizados durante la colonización nipona.
En un comunicado, el Ministerio nipón de Exteriores calificó de "extremadamente lamentables y totalmente inaceptables" el fallo del Tribunal Superior de Corea del Sur, que ordena a compañías japonesas indemnizar a los trabajadores afectados y a sus familiares pese a que Japón ya pagó compensaciones anteriormente.
Además, el canciller nipón, Taro Kono, llamó a consultas al embajador surcoreano en el país, Nam Gwan-pyo, para trasladarle el descontento de Tokio con el rechazo de Seúl a la propuesta nipona de establecer un panel de arbitraje para resolver el contencioso en torno al Tratado de 1965 de normalización de relaciones, por el cual Japón pagó dinero compensatorio.
El Ministerio de Exteriores señala que las relaciones bilaterales se encuentran en una "situación grave" por culpa del lado surcoreano, y advierte de que Japón "tomará las medidas necesarias" contra Seúl.
"La resolución de esta disputa requiere que Corea del Sur remedie su acumulación de violaciones de la ley internacional", afirma el comunicado, que también insta a Corea del Sur a "dar pasos concretos en este sentido de forma inmediata".
Las protestas de Tokio son el último paso en el enconamiento de la disputa bilateral por este tema, que ha llevado a las relaciones entre los países vecinos a su peor momento de las últimas décadas.
En este contexto, Japón decidió aplicar el pasado 1 de julio restricciones sobre materiales químicos básicos que adquieren compañías surcoreanas para fabricar pantallas y chips de memoria, componentes imprescindibles para ordenadores, servidores o teléfonos inteligentes o "smartphones".
La medida fue recibida entre quejas de la industria y del Gobierno surcoreano, que también anunció su intención de recurrirla ante la Organización Mundial de Comercio.
Japón no ha querido relacionar directamente esta medida comercial con la antes mencionada disputa legal, y ha reiterado que la aplica debido al "debilitamiento en la relación de confianza mutua" y para evitar que los materiales afectados puedan caer en manos de terceros países.
Con base en el tratado de 1965 Japón, que colonizó la península entre 1910 y 1945, donó 300 millones de dólares a las víctimas, dinero que la dictadura militar de Park Chung-hee no hizo llegar a todas, motivo por el cual miles de ellas denunciaron recientemente al Gobierno surcoreano.
