El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que los efectos económicos recaen "con especial dureza sobre las poblaciones más vulnerables".
"Puede deshacer en semanas los que países han construido durante años", alertó la ONU.
La escalada militar en Medio Oriente podría llevar a más de 30 millones de personas a la pobreza en todo el mundo, según las últimas proyecciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dado el impacto global del conflicto.
Según señala este organismo de la ONU en un comunicado, la crisis en la región está generando "efectos económicos en cadena que recaen con especial dureza sobre las poblaciones más vulnerables", sobre todo en países con menor capacidad fiscal para absorber el aumento de los precios de la energía y los alimentos.
El último análisis de la organización estima varios escenarios de impacto, desde interrupciones de corta duración hasta choques prolongados de hasta ocho meses. En el escenario más adverso, hasta 32 millones de personas podrían caer en la pobreza en 162 países.
El PNUD agrega que, aunque los efectos más intensos se concentran en los países directamente implicados en el conflicto y en aquellos dependientes de importar energía, también se prevén "consecuencias negativas significativas a largo plazo en economías de ingresos bajos y medios", incluso en regiones alejadas como el África subsahariana, Asia y pequeños Estados insulares.
Según el informe, en la sexta semana de la guerra y pese al alto el fuego temporal, el impacto del conflicto está pasando "de una fase aguda a una prolongada", lo que incrementa "el riesgo de un aumento sostenido de la pobreza global si se prolonga".
"La guerra es desarrollo en sentido inverso. Un conflicto puede deshacer en semanas lo que los países han construido durante años", zanja el PNUD, y subraya que la crisis va a obligar a muchos gobiernos a tener que elegir entre estabilizar precios o financiar servicios básicos como salud, educación y empleo.
El organismo advierte también de que los países con menor margen fiscal son los más expuestos a las tensiones, lo que "agrava las desigualdades existentes y limita la capacidad de respuesta de las políticas públicas".
Como medidas de mitigación, el PNUD recomienda transferencias monetarias temporales y dirigidas para proteger a los hogares más vulnerables, con un coste estimado de hasta 6.000 millones de dólares en el escenario más extremo. También propone subsidios focalizados o vales para consumo energético básico.
No obstante, el organismo desaconseja subsidios energéticos universales, al considerar que tienden a beneficiar en mayor medida a los hogares de mayores ingresos y resultan financieramente insostenibles.
