El ex presidente peruano y su asesor enfrentarán cargos por violaciones a los derechos humanos, venta ilegal de armas y tráfico de drogas, lo que les puede costar la cadena perpetua.
El procurador anticorrupción peruano Luis Vargas Valdivia anunció que los cargos más graves presentados contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos serán unidos en un "megaproceso" que empezará en agosto próximo.
La justicia peruana ha acumulado en uno los juicios por homicidio calificado, tráfico de armas y narcotráfico, que podrían significar la cadena perpetua para el ex mandatario (1990-2000) y su ex jefe de inteligencia.
Vargas explicó en rueda de prensa con corresponsales extranjeros que la participación de Fujimori en los delitos contra los derechos humanos y tráfico de armas quedó comprobada por haberse desempeñado como la "cabeza de la organización" manejada por Montesinos desde el Servicio de Inteligencia Nacional.
"Aplicamos el principio del derecho penal internacional llamado dominio del hecho", que significa que "tuvo conocimiento de la práctica continua de la violación de derechos humanos y no hizo nada" para impedirlo, señaló el procurador.
Sin embargo, "en el tema de drogas no tenemos cómo vincular efectivamente a Fujimori", admitió Vargas Valdivia.
Los casos del "megaproceso" son las matanzas perpetradas por el paramilitar grupo Colina contra 15 personas en la zona de Barrios Altos en 1991 y nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta en 1992.
Además, la muerte de cinco guardianes del Banco de la Nación durante la marcha de los Cuatro Suyos convocada por el ahora presidente Alejandro Toledo, para protestar contra la reelección de Fujimori en 2000, año en que se fugó a Japón.
Por homicidio, la fiscalía puede pedir entre 15 años y la cadena perpetua, con posibilidad de obtener una semilibertad a los 20 años.
El caso de tráfico de armas, que está en la etapa de juicio oral, es la venta de 10.000 fusiles, comprados por el Ejército peruano a Jordania, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1999.
Vargas Valdivia dijo que la operación no pudo haber sido realizada sólo por los hermanos Aybar, acusados por Montesinos y Fujimori, porque éstos "no tenían la capacidad logística ni intelectual" para llevarla a cabo.
La forma de compra de los fusiles, similar a la usada por las fuerzas armadas, los requerimientos de permisos de vuelo y la información secreta que manejaron para lanzar el armamento en una de las zonas más vigiladas del mundo hacen pensar a Vargas Valdivia que la operación estuvo diseñada por Montesinos.
El cargamento fue lanzado en el triángulo amazónico formado por las fronteras de Brasil, Colombia y Perú, región supervisada permanentemente por radares por el tráfico de las mafias narcotraficantes, en unas coordenadas exactas que burlaron las medidas de seguridad.
Por el tráfico de armas, ambos afrontan entre 25 a 30 años de prisión por el delito de asociación ilícita para delinquir.
El juicio de narcotráfico es el abierto contra el "capo" peruano Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano, que aseguró haber pagado 50.000 dólares mensuales a Montesinos para usar las pistas de aterrizaje de las fuerzas armadas en la selva para sacar sus cargamentos de droga.
También están comprometidos el fundador de la aerolínea Aerocontinente, Fernando Zevallos, y los hermanos López Paredes, sentenciados por narcotráfico, por presuntamente haberle prestado 1,2 millones de dólares para constituir esa empresa.
Por tráfico de drogas, la pena mínima es de 25 años de prisión y la máxima es la cadena perpetua. (EFE)
